Cómo acabar con el “flagelo del narcotráfico”

Legalizando el narcotráfico.

Un colombiano que no odie el narcotráfico y las drogas es y debe ser una anomalía. No puede ser de otra manera para los que crecimos viendo los carros bomba de Pablo Escobar, la explosión del vuelo 203 de Avianca y el magnicidio de Luis Carlos Galán. Por el narcotráfico murieron más civiles inocentes de los que podemos recordar con nombre propio, y por el “flagelo del narcotráfico” perdimos hasta la capacidad de espantarnos ante el terrorismo.

Con justa razón fueron abatidos los capos de la droga de antaño. Pero sería una equivocación olvidar que el terror, los muertos y los crímenes no son un resultado automático del consumo de cocaína, sino de la ilegalidad de las drogas. Ante una medida que ha costado muchas vidas y billones de pesos, tenemos que preguntarnos si insistir en ella justifica los beneficios que le trae a la sociedad. Y sea que esto se analice desde la perspectiva de los países productores o de los consumidores, la respuesta parece ser que no.

Estas políticas, que buscan proteger a los cocainómanos de sí mismos, tienen costos altísimos y beneficios cuestionables. En cuanto a los costos para países productores como Colombia, no sólo están las tragedias nacionales que todos recordamos. Se les añade el saber que mientras la cocaína sea ilegal, de ella se podrán lucrar nuevos grupos criminales en el futuro, que continuarán socavando la autoridad del estado. Por el contrario, si se legalizaran las drogas a nivel global, el tráfico de cocaína se volvería un negocio insignificante. Como la coca se da hasta en tierras áridas y procesarla cuesta poco, nadie se volvería a enriquecer con ella como las FARC o los carteles de Medellín, de Cali, del Golfo y de Sinaloa. El “zar de la cocaína” tendría el perfil de un papero próspero, de un empresario de la zanahoria o quizá el de un productor de aguardiente.

Los costos desproporcionados de la ilegalidad de las drogas también los sobrellevan los países consumidores. Más del 30% de los condenados a prisión en EE.UU. son privados de la libertad por crímenes relacionados con las drogas. Muchos entran por crímenes como la simple posesión de estupefacientes y no son violentos.

Pero el encarcelamiento contribuye a que los presos aprendan a delinquir – allá, como acá, las cárceles no son centros de rehabilitación – y a que se perpetúe el ciclo de falta de oportunidades laborales y de pobreza.

¿Qué tanto beneficia todo este costo humano a los usuarios de las drogas? Es difícil determinarlo con certeza, pero parece ser que poco. La cocaína es más barata en EE.UU. hoy que en la época de Pablo Escobar: el precio ajustado por la inflación bajó de 296 dólares por gramo a 191 entre 1990 y 2012. Aunque el consumo de cocaína también ha bajado, el uso de sustancias ilícitas persiste, ya que cada vez hay más tipos de drogas. El porcentaje de estudiantes de bachillerato que han consumido sustancias ilícitas en EE.UU. subió de 30.4% a 34.9% entre 1991 y 2014. No es difícil pasar de la economía de Narcos a la de Breaking Bad.

El que las drogas sean ilegales también perjudica a muchos de los adictos en países consumidores a quienes se supone que se está protegiendo. La razón es que arriesgarse a terminar en la cárcel por buscar ayuda con un problema de salud es algo que sólo se hace en circunstancias desesperadas. En cambio, la legalización de las drogas beneficiaría a quienes reconocen en su adicción un problema, en vez de mantenerlos en las sombras.

Puede que legalizar las drogas a nivel mundial lleve a un aumento en el consumo, puede que no. Hay todo tipo de políticas que podrían reducir el consumo de drogas aún si estas se legalizaran. Pero independientemente de eso, tendría sentido que los costos de su uso los pagaran con su salud los que toman la decisión de usarlas, y no los que nunca quisimos tener nada que ver con ellas: ciudadanos de países productores amenazados por la mafia y personas de bajos ingresos en países consumidores que se enfrentan a sus propios grupos criminales.

El cuarto punto del acuerdo de paz establece que “el Gobierno Nacional promoverá una Conferencia Internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender… identificando buenas prácticas basadas en la evidencia”. Enhorabuena. Ojalá el mensaje de Colombia al mundo sea que es hora de ponerle atención a la evidencia y preguntarse en serio si la descriminalización de las drogas no es la mejor opción.