Por: Alejandro Reyes Posada

¿Cómo regularizar los derechos de propiedad?

En el nuevo acuerdo de paz con las Farc se acordó crear una misión de tres expertos nombrados por el Gobierno para hacer, entre otras, propuestas sobre cómo regularizar los derechos de propiedad.

La propiedad de la tierra ha sido el problema no resuelto que ha dado ocasión para el uso de la violencia contra propietarios por las guerrillas y de muchos grandes propietarios, con su apoyo a escuadrones privados de violencia, contra poseedores u ocupantes campesinos, indígenas y negros, que han perdido seis millones de hectáreas por despojo forzado.  La propiedad ha sido también la alcancía para valorizar patrimonios familiares con la inversión pública en infraestructura, con ganadería extensiva, sin retribuir el costo de oportunidad a la sociedad. También ha sido el destino preferido para invertir las ganancias del narcotráfico y la corrupción en la mitad de los municipios del país.

Para la población rural, la propiedad es un derecho humano fuera del alcance para dos tercios de quienes trabajan la tierra, pues son jornaleros sin tierra propia. Del tercio del campesinado que posee tierra, el 60% es informal y no permite acceso al crédito. El 70% de las fincas campesinas tiene menos de cinco hectáreas y ocupan en conjunto un 4,8% de la tierra, mientras, en el otro extremo, el 0,4% de los propietarios, con fincas mayores de 500 hectáreas, tienen el 41,1% de la tierra.

La expansión de la frontera agraria destruye reservas forestales y penetra en los territorios étnicos, primero para cultivos de coca y luego para ganadería extensiva de mínima productividad, con un gran impacto ambiental que acelera el cambio climático. El 40% de la tierra incorporada al desarrollo tiene procesos de erosión que causan deslizamientos en las cordilleras e inundaciones en las tierras planas.

Estos son los datos básicos del problema de la propiedad de la tierra en Colombia. La pregunta relevante es cómo y con qué instrumentos puede el Estado regularizar este estado de cosas que nos ha conducido al conflicto, la pobreza y la inseguridad jurídica para todos los sectores envueltos. Los instrumentos legales existen desde la ley de tierras de 1936 y las leyes sobre reforma agraria desde 1961, hasta llegar a la 160 de 1994, que habría que ajustar a los compromisos del acuerdo de paz en el Congreso. La liquidación del Incoder y la reciente creación de la Agencia Nacional de Tierras permiten alistar el aparato administrativo para hacerse cargo del problema de la tierra.

El acuerdo agrario con las Farc contempla hacer una reforma rural integral con enfoque territorial, para dar un trato distinto a problemas diferentes y para dar participación a los grupos interesados de abajo hacia arriba, desde la vereda al territorio. La tarea será, en cada escala geográfica, hacer el ordenamiento ambiental, de la propiedad y del uso de la tierra según la visión de desarrollo que se defina con participación de la población rural, los empresarios y las autoridades locales.

Al Estado corresponde modernizar el catastro rural, actualizar los avalúos prediales y hacer corresponder cada plano catastral con un registro de propiedad, lo que supone clarificar el dominio para distinguir las tierras privadas y los baldíos, recuperar los baldíos indebidamente privatizados, formalizar las posesiones privadas informales y adjudicar los baldíos ocupados por sujetos de reforma agraria. Si esto se hubiera hecho a tiempo, el país se habría ahorrado la guerra de guerrillas y paramilitares y la élite agraria hubiera sido la impulsora del desarrollo empresarial que vive de la producción, en vez de ser la clase parasitaria que vive de las rentas de la propiedad.

alejandroreyesposada.wordpress.com

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