Competitividad estancada

La prestigiosa escuela de negocios de Suiza IMD Business School acaba de publicar los datos del muy reconocido a nivel internacional “Ranquin de competitividad”. En esta versión, la posición de Colombia es 51 entre 61 naciones del mundo entero que hacen parte del estudio. Esto significa que, por tercer año consecutivo, sigue exactamente en la misma posición, siendo la tercera economía de América Latina, luego de Chile (puesto 36) y México (45), y estando por encima de Perú (54) y Brasil (57).

Cuando no nos quedamos con la foto sino con la película, Colombia viene de haber sido 41 en el año 2008. El deterioro de 10 puestos obedece a un empeoramiento en las cifras macroeconómicas (por aumento del déficit de balanza en cuenta corriente, caída de las exportaciones, volatilidad de la tasa de cambio e inflación creciente), así como una pésima calificación en los niveles de corrupción, en donde nos ubicamos en los últimos lugares a nivel mundial. De igual forma, y como factor crítico, el país ha deteriorado su posición por las elevadas tasas impositivas al sector real, que han hecho mucho más difícil el ánimo de los negocios y con ello la generación de nuevo empleo. No obstante lo anterior, el país ha mejorado en cifras sociales (pobreza y clase media) y continúa haciendo esfuerzos en eficiencia en la creación de nuevos negocios, pero aún son insuficientes para ascender en la tabla final.

Algo similar se extrae del indicador de competitividad más reciente World Economic Forum, en donde ocupamos en el último año el puesto 66 entre 144 países del mundo. Allí también hemos deteriorado la posición después de haber sido puesto 63 en el año 2006. Las razones de este deterioro para el año 2015 se dan por un problema de una débil institucionalidad en el sector de justicia (de hecho, el aparato judicial colombiano aparece en los últimos lugares a nivel mundial por su eficacia y confianza), el aumento en la tasa efectiva de tributación al sector real y debilidades propias de un sistema educativo que aún no levanta cabeza en materia de calidad. En este último ranquin Colombia ha perdido dos posiciones en América Latina respecto de países como Brasil y Perú, siendo Chile (33) y Panamá (48) los de mejor desempeño.

Cuando se analizan ambos indicadores simultáneamente se vuelve urgente trabajar en por lo menos cuatro frentes. Uno en el que hemos avanzado recientemente (infraestructura) y uno en el que aún nos hace falta (innovación). Sin embargo, hay dos factores en donde se nota un deterioro creciente año tras año y que merecen especial atención: la institucionalidad y una regulación favorable al desarrollo y el ánimo empresarial. Esto último se vuelve diciente, a tal punto que el último lugar del ranquin de IMD lo ocupa Venezuela, un país que consistentemente ha sido enemigo del desarrollo productivo, hasta graduarlo de contradictor político.

Por ello sorprenden decisiones recientes de la Corte Constitucional que parecen ir en contravía de ese ánimo de crecimiento y desarrollo. Permitir a los municipios “vetar” desarrollos legales y formales mineros, entre otras, rompiendo con la importancia de que el Gobierno Nacional sea cabeza del subsuelo en el país y ordenador ilustrado de este tema, no parece ser una decisión muy eficaz cuando potencialmente agregamos más burocracia, más riesgo de corrupción, menos capacidad de análisis y más trabas. Lo incoherente es que esos municipios que se oponen al desarrollo son los mismos que ágilmente cobran regalías para sus proyectos sociales. A manera de ejemplo, el municipio de Piedras, en el Tolima, que ha votado en contra de las actividades extractivas, depende en casi 15 % en su presupuesto de dicha actividad. En el entretanto, la minería informal e ilegal sigue creciendo descontroladamente.

Pero la Corte Constitucional ahora genera un nuevo hecho de inseguridad jurídica al anunciar (y los detalles son aún desconocidos, pues apenas conocemos el comunicado) una sentencia según la cual se podría modificar el uso del suelo aun a pesar de haberse expedido licencias urbanísticas. El riesgo es una nueva fuente de incertidumbre jurídica en construcción.

De seguir en este camino de inseguridad en lo legal y ánimo poco amigo del desarrollo productivo (obviamente siempre sostenible y ordenado a la ley), será muy difícil mejorar en competitividad.