Comprando justicia

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó esta semana un informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2015. Suena aburridor el documento, pero no lo es tanto.

El duro reporte establece que, entre otras, los problemas más graves del país son: la impunidad, un sistema judicial ineficiente, la corrupción y la discriminación social. Un buen dictamen.

Aunque el documento estudia la situación de los derechos humanos en el país, sus conclusiones se aplican a los aspectos fundamentales de la sociedad, como por ejemplo, la descripción que aporta de la ineficiencia del sistema judicial, estableciendo que este es “objeto de la intimidación, lo que limita la capacidad del sistema para perseguir eficazmente a los individuos acusados”.

Interesante.

Agrega además que “la disponibilidad y la influencia de los ingresos del tráfico de drogas exacerba la corrupción en las Cortes”. Y ahí, el informe del Departamento de Estado está dando en el punto clave.

Ahora bien, no son únicamente los dineros del narcotráfico los que han corrompido la justicia, hay que decirlo claramente. Los recursos que han corrompido las Cortes vienen también de los intereses de las bandas criminales organizadas, de las guerrillas, paramilitares, políticos e incluso de la empresa privada.

Es un problema generalizado el de la justicia de hoy.

Para poner un reciente ejemplo, el pasado jueves en Pauna, Boyacá, tuvo lugar un operativo en el que fueron capturadas diez personas relacionadas con la organización del encarcelado esmeraldero Pedro Nel Rincón, más conocido como ‘Pedro Orejas’.

Entre los detenidos se encuentran Pedro Nel Castro Díaz, fiscal seccional de Tunja; Fernando Soler Rojas, exjuez de Pauna; Nubia Sor Angie Pardo, secretaria del juzgado de Pauna; Simón Martínez, juez penal del Circuito de Tunja y Wilson Gerardo Peña Quiñónez, expolicía y administrador de los bienes de ‘Orejas‘. (Ver Un fiscal y un juez, entre los capturados)

La corrupción y el crimen estaban controlando la justicia, y cuando eso pasa no hay justicia.

Por eso preocupa tanto lo que está pasando en la Corte Constitucional. La Silla Vacía ha hecho un excelente trabajo de seguimiento de lo que pasa al interior de esa entidad, en especial las actuaciones de dos polémicos magistrados: Jorge Pretelt y Alberto Rojas Ríos. (Ver Los negocios detrás de las insistencias de Pretelt y Las insistencias de Rojas: un espejo de las de Pretelt )

En el episodio más reciente, se conoció que en la sala de selección de tutelas los polémicos magistrados realizaron un orquestado baile de impedimentos en distintos casos, y de aceptación mutua de los impedimentos para terminar escogiendo las tutelas. En esta yo me quito, tú la agarras y en la otra tú te quitas y yo la agarro.

Según La Silla Vacía, entre las tutelas hay dos que favorecen a antiguos miembros del gobierno del expresidente Álvaro Uribe: el exsecretario de la Presidencia, Alberto Velásquez, y el exministro de Salud, Diego Palacio. Estas fueron presentadas de manera independiente contra la sala penal de la Corte Suprema, que los condenó por el escándalo de la ‘yidispolítica’. (Ver Vuelve la llave Rojas-Pretelt )

Qué coincidencia, principalmente porque es el uribismo el movimiento que ha defendido a estos magistrados ante sus escándalos y además porque no existen antecedentes de este baile, en los que los dos magistrados de una sala se declaren impedidos en tutelas diferentes, el otro magistrado acepte el impedimento, y luego seleccione todas las tutelas por las que su colega de sala se declaró impedido. No.

Lo que sí hay es un precedente muy complicado y es el de la tutela de Fidupetrol, que tiene al magistrado Pretelt defendiendo su cargo y reputación desde hace más de un año. Que casualidad que fue su par Rojas Ríos quien la seleccionó, por lo que la Fiscalía lo ha señalado de haber participado en el presunto delito. ¿Cómplices?

La justicia lo dirá. Pero hay que recordar que, como lo dijo el Departamento de Estado, muchas veces esa justicia en Colombia se encuentra a la venta y la impunidad termina reinando.

@yohirakerman