Por: Tatiana Acevedo Guerrero

Con la certeza de las mareas, yo me levanto

En octubre se pasó, entre otras muchas noticias, la reincorporación de Piedad Córdoba a la competencia electoral.

El fallo del Consejo de Estado puso fin a la inhabilidad por 14 años impuesta por Alejandro Ordóñez a la senadora por la supuesta financiación irregular de la campaña política de uno de sus exasesores. De acuerdo con el fallo, la investigación de la Procuraduría se basó en indicios que no fueron demostrados. Específicamente, se apoyó en “un papel en unos cuadernos que tenía anotado el nombre de la senadora. Llamaron a una declaración a la contadora del Partido Liberal y ella, sin ningún documento, afirmó, pero de manera suelta, que la senadora había donado 25 millones”. La magistrada ponente señaló también que “para sancionar, tanto en materia disciplinaria como en materia penal, el indicio no es plena prueba ni medio idóneo. Porque juega con la vida de las personas, con sus derechos y demás”.

En agosto sucedió algo similar cuando el mismo Consejo de Estado declaró la nulidad de otra sanción, impuesta por el procurador Ordóñez a Córdoba en 2010. Esta vez por supuesta “colaboración y promoción de la guerrilla de las Farc”. El principal argumento del fallo que anuló la sanción fue que la cadena de custodia del computador de Raúl Reyes (prueba única de la acusación) se había roto. Así, no había garantía alguna de que los archivos fueran verídicos (en lugar de ser correos eran archivos de Word que pueden ser modificados en minutos).

En septiembre de 2006 revisaba, como asistente de investigación, los archivos del Partido Liberal, en su sede de la Caracas con 36, en Bogotá. Por un corredor oscuro que daba a más oficinas de señores, vi a Piedad Córdoba que iba caminando y llorando. No me sorprendió. Desde entonces era palpable la misión que, desde varios frentes, buscaba atajarla. Borrarla de la dirección del liberalismo, del Congreso de República, de la radio, la televisión, de las calles sucias de Teusaquillo. Entonces empezaban a hacerse familiares los foros de los lectores en internet y en cada noticia que la mencionaba, se desparramaban, como moscas, amenazas físicas, juicios y críticas contra su cuerpo, su vida privada, su pasado, su “descaro”, su forma de vestirse. Contra su forma de ser mujer y de ser negra.

Concejal de Medellín y congresista a partir de muy temprano en los 90, Córdoba trabajó desde siempre. Estuvo secuestrada por la Terraza de Don Berna. Exiliada. Y más adelante, en medio de la parapolítica, fue hostigada y vigilada de cerquita por el gobierno Uribe Vélez, que oyó sus conversaciones —y por la Procuraduría de Ordóñez, que inventó procesos en su contra—. Cada tanto, durante estos años, pensé que había llegado el momento en que, entre empapeladas y guardaespaldas, atentados y mentiras, Córdoba se rompería, se daría por vencida. Desaparecería de la vida pública y de la historia reciente.

Mientras en aeropuertos la gente se empujaba para insultarla, Córdoba se levantó. Con las puertas del Congreso cerradas, descubrió otras formas de hacer política por carretera. De caseta en caseta, como un conjunto vallenato, se abrió el camino entre los espacios más cotidianos en que se denuncian injusticias. Desde estas tarimas, trabaja por el Movimiento Marcha Patriótica, donde ha visto morir a tantos líderes de la provincia (John Jairo Rodríguez hace tan sólo dos semanas). Aun así, se levanta para recorrer caminos que no son los más concurridos, ni le garantizarán grandes victorias electorales. O fama. O seguridad. Pero donde la gente se organiza y recuerda.

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