Por: Columnista invitado

Congreso y prevaricato

Cuando el Congreso adopta decisiones trascendentales, es reiterativo afirmar que incurre en el delito de prevaricato como conducta punible en contra de la administración pública. En 1996, la Cámara de Representantes investigó y absolvió al presidente Samper, y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso por prevaricato en contra de los 111 representantes que lo absolvieron.

Por: Darío Martínez Betancourt *

La Corte Constitucional, en sentencia de unificación 047 de 1999, dejó sin efecto ese proceso penal al considerar que se violó el derecho fundamental del debido proceso y que la Corte Suprema no era competente para investigar como delitos los hechos inescindiblemente ligados a las opiniones y votos, que son inviolables. En ese fallo reconoció la inviolabilidad de las opiniones y del voto de los congresistas como una libertad colectiva de la Rama Legislativa en forma absoluta para toda clase de funciones congresionales, incluida la judicial, y como garantía institucional en favor del Congreso y no en beneficio de ningún congresista.

Esa inviolabilidad, además de absoluta, la calificó de irrenunciable y perpetua: lo primero, porque no es prerrogativa individual, y lo segundo, debido a que el congresista está indemne de cualquier sanción judicial por sus votos y opiniones, incluso después de que ha cesado en sus funciones. No quedan amparadas con estas prerrogativas las actuaciones que no se relacionen con la opinión o su voto, así las desarrollen dentro del propio recinto parlamentario. Deben ser emitidas en el ejercicio de sus funciones, de lo contrario serán acreedores a responsabilidad judicial.

La Corte sostiene que los jueces carecen de toda competencia para investigar y sancionar a senadores y representantes, según el artículo 185 de la Constitución: “Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo”. El delito de prevaricato es imposible cometer, dice la Corte, “como imposible es que una persona incurra en tentativa de homicidio al pretender asesinar un cadáver”. Y agrega: “La conducta de los representantes no es entonces punible aunque obviamente puede generar las correspondientes responsabilidades políticas (…)”. Es decir, el prevaricato desaparec como hecho punible cuando se deriva del voto u opinión del congresista en ejercicio de sus funciones.

Al refrendar políticamente el Congreso el Acuerdo de Paz, es contrario a derecho sindicar a sus integrantes de prevaricadores. La citada sentencia es concluyente: aclara cualquier duda que pueda menoscabar la soberanía del Congreso, consolidando una de las garantías de la democracia constitucional de raigambre liberal que tiene que ver con la soberanía popular y la separación de poderes.

* Exsenador de la República.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Columnista invitado

Refugio: una lotería para pocos en Colombia

Turismo sostenible, alternativa para el Amazonas

El antropoceno en Colombia