Balance de la primera semana de cuarentena en Bogotá

hace 4 horas
Por: Daniel Mera Villamizar

Consejos territoriales de planeación o la débil democracia participativa

Idea para retar la poca seriedad con la que tomamos en los hechos este avance de la Constitución de 1991.

El 31 de marzo debían entregar a la Administración el concepto sobre las bases o documento borrador del Plan de Desarrollo 2016-2019 de su entidad territorial. Asistí ese día como ciudadano interesado a la sesión del Consejo Territorial de Planeación, CTP, de una ciudad no capital de unos 400.000 habitantes. De vuelta, puedo decirles a mis compañeros de generación de la Séptima Papeleta, la mayoría filosóficamente abanderados de la democracia participativa, lo que ya sabíamos: eso no tiene cómo funcionar bien.

Yo, por lo menos, salí del clóset hace rato y dije que la prioridad es fortalecer la democracia representativa, menos sexy en el pensamiento político (bien intencionado) dominante. Pero a ellos no los veo “salvando la democracia participativa, compañero”. Mi punto es que los requisitos de la representación democrática hacen la mitad de la democracia participativa, y descuidar esos requisitos lleva a que la participación desmejore la calidad de la democracia, con costos grandes para el desarrollo y el bienestar.

En este CTP de ciudad intermedia, el concepto no estaba listo; una tercera parte de los consejeros no fue, y los funcionarios de la alcaldía orientaban la discusión. Esta situación muy probablemente se repitió en cientos de municipios por razones del marco legal: el CTP solamente cuenta con un mes para elaborar el concepto; los consejeros no tienen incentivos que compensen el sustraerse de sus compromisos laborales, como que los conceptos e informes semestrales del CTP tengan algún poder; y el Consejo carece de los más elementales recursos (desde logísticos hasta técnicos), cuya provisión depende de la buena voluntad o capacidad de la Administración.

Lo obvio es una reforma de la Ley 152 de 1994, y para eso es muy útil el estupendo informe de Fabio E. Velásquez y Esperanza González, de Foro Nacional por Colombia, “La planeación participativa, el sistema nacional de planeación y los presupuestos participativos en Colombia”. Lo no tan obvio es si debemos pensar esta reforma legal con el marco intelectual actual, que ve en órbitas separadas la democracia representativa (con sospecha de maldad) y la participativa (con sospecha de bondad).

Ciertamente, a la primera, la financiación privada, en especial la ilegal, la ha corrompido, quedándole algo de eficacia; y a la segunda, la falta de financiación estatal, junto con otros factores, la tiene en la total ineficacia. Pero, en últimas, se trata de lo mismo: la representación de intereses. Yo estaba a la derecha de un joven interesado en un servicio de ambulancia para sacar a los enfermos de su vereda; más allá, otro joven compartía su preocupación por el riesgo de un aumento de la prostitución adolescente. ¿Y si nos fijamos en la finalidad común e imbricamos instrumentos?

Para el caso, se puede hacer un diseño que ponga en interacción al Concejo Municipal y al Consejo Territorial de Planeación en los procesos de discusión y de seguimiento del Plan de Desarrollo; no en el aspecto formal de la aprobación. Si se mejora la representación de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, culturales y comunitarios en el Consejo Territorial de Planeación, podría aumentarse el poder del Concejo Municipal en la medida en que lo comparta con el CTP para efectos del control político y social de la ejecución del Plan de Desarrollo. Solo para esto, que no es poco. Dirán los concejales que ellos se relacionan con los líderes sociales como patrones o jefes, y que cambiar eso es mala idea, pero lo primero es imaginarse las cosas de otro modo.

@DanielMeraV

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