Por: Santiago Villa

Contra las elecciones

Los procesos electorales, en ciertos contextos, son perjudiciales para la democracia.

Es una irresponsabilidad del sistema democrático colombiano convocar a elecciones en el departamento de La Guajira (como lo fue someter los acuerdos de paz a un plebiscito). Desde todos los frentes se advirtió que era inevitable la manipulación electoral. Este es el ejemplo más reciente de una tendencia que este año, luego del voto a favor del Brexit, el fiasco del plebiscito sobre el proceso de paz, el desolador resultado de diecisiete años de chavismo en Venezuela y el lamentable espectáculo de las elecciones en Estados Unidos, ha desplegado sus omnipresentes alas de murciélago: la democracia como sistema de participación política está en crisis.

Una de las más peligrosas falacias de occidente ha sido equiparar a las elecciones con la democracia. Con esto no pretendo legitimar a los cínicos eufemismos con que se maquillan ciertos sistemas autoritarios, como la "democracia con características chinas". La libertad de expresión, la independencia de poderes, la rotación de los gobernantes y la igualdad de los ciudadanos ante el sistema y la ley (sin importar su etnia, religión u orientación sexual), son la base de la democracia. El método para elegir al gobernante de turno, en cambio, puede ser o no el sufragio. En La Guajira, hasta que no esté resuelta la crisis de gobernabilidad, de ninguna manera debería serlo.

Más allá de este ejemplo extremo, al que volveré más adelante, hay otro incidente que ha expuesto aquellas contradicciones que las elecciones generan en el sistema democrático. Juan Carlos Vélez, el director de la campaña por el NO desde el Centro Democrático, tras una cándida entrevista con La República, fue ingratamente repudiado por su partido y por los jefes que trazaron las líneas retóricas de la campaña, y que participaron activamente de ellas. Nuestro país, experto en crear chivos expiatorios, hizo del desgraciado Vélez el responsable del fracaso del plebiscito (desde la perspectiva de los que votaron SÍ), y de la banalización de la decisión de quienes votaron NO.  

No defiendo el proceder de Vélez. Todo lo contrario, lo deploro, pero no me rasgo las vestiduras y lo acuso de ser la anomalía en un sistema por lo demás funcional. Su estrategia no fue más que cometer el pecado consustancial de la política electoral, el pan de cada día del marketing político: decir mentiras y manipular las emociones del electorado. Quejarse porque una campaña se hizo con base en engaños es como lamentar que cuando introduzco una pastilla de Halls a mi boca, no aparezca una hilera de pingüinos para darme palmaditas en la mejilla.

A pesar de que la ley castigue ciertos extremos, toda publicidad, incluida la política, es engañosa. El affaire Vélez es más representativo de nuestra miseria cotidiana de lo que muchos parecen dispuestos a reconocer.

Vivimos en un contexto de enorme frustración, desilusión y desconfianza hacia los políticos y el resultado de las elecciones. Si hay un 60% de abstencionismo no es porque a la gente no le importe lo que pase en el país, sino porque la política electoral es el arte de generar falsas expectativas, y por ello, los posibles electores asumen que su participación no tiene ningún efecto, o no tiene el efecto que creyeron que tendría. La triste verdad es que tienen toda la razón, pero la solución al desencanto no puede ser, por desesperación, la glorificación de los locos sagrados o de los demagogos imbéciles.

¿Cuál es la solución entonces? Lanzo una sugerencia hasta cierto punto inspirada en los análisis del belga David Van Reybrouck, publicados en Gran Bretaña después de la victoria del Brexit: crear grupos pequeños que tomen las decisiones que hoy toman las mayorías electorales. Para aterrizarla, pongamos como ejemplo a la crisis de La Guajira.

Uno de los grupos que menos influencia tiene sobre el sistema político y más conocimientos especializados acumulan son los académicos. La propuesta es que de un grupo amplio de académicos que cumplen ciertos requisitos, elegir a algunos de ellos por sorteo, como en la antigua Grecia, y darles el poder de elegir ellos el gobernante de La Guajira, o (¿por qué no?) que ellos mismos participen de su gobierno.   

Sugiero apoderar a la academia, a los economistas, politólogos, filósofos, abogados, sociólogos, en fin, especialistas que no hagan parte del mercado de la política. El gran vacío de una aristocracia intelectual de este tipo es su poco contacto con las realidades del terreno y que no represente a quienes se va a gobernar. Por eso, cualquier grupo de este tipo tiene que estar complementado por un número igual o similar, y si se quiere mayor, de líderes locales: presidentes de Juntas de Acción Comunal, líderes de empresas pequeñas, medianas y grandes, organizaciones sociales como cooperativas y sindicatos, en fin. Debe ser representativa, pero en un sentido honesto de la palabra.

Un cambio sistémico de este tipo, a nivel nacional, no es realista en el mediano plazo, pero sí puede ser un mecanismo que opere, por ejemplo, en alcaldías y departamentos en los que los gobernantes han sido destituidos, o para resolver cuestiones que los políticos suelen despejar acudiendo a plebiscitos y referendos.

Twitter: @santiagovillach  

 

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