Contraloría de Morelli, métodos del DAS

Cecilia Orozco Tascón
02 de diciembre de 2015 - 02:26 a. m.

De antemano me disculpo por contar un episodio personal pero ilustra una situación judicial de interés general. Un periodista que trabajó conmigo en el mismo medio se me acercó un día y, con cara de sorpresa, me dijo que lo había llamado la contralora Sandra Morelli.

Él había cubierto algunas informaciones del órgano fiscal. Por eso, el hecho no me pareció extraño aunque no es corriente que las cabezas del Estado marquen directamente los números móviles de los reporteros. Sin embargo, mi atención se concentró en cuanto el comunicador contó que la señora Morelli le había preguntado cuáles servidores de su entidad tenían contacto conmigo. Noticias Uno acababa de publicar una nota sobre un lío que enfrentaba una de las asesoras del despacho. El reportero le habría contestado lo obvio: que no “tenía idea”. Insistente, ella le solicitó, según él aseguró, que tratara de averiguar, de cualquier manera, la identidad de mis fuentes, petición que el periodista habría rechazado.

Meses después, él terminó trabajando para la Contraloría, junto con otro miembro de la redacción de Noticias Uno quien, en cuanto se retiró, fue contratado por Morelli. Este segundo reportero tenía fuertes nexos con la Policía y con sus servicios de inteligencia. A su vez, Morelli, cercana amiga de algunos generales, había estrechado las relaciones entre ambos entes mediante jugosos convenios interinstitucionales, y también contratando a oficiales activos, expertos en seguridad, como asalariados de la entidad con sueldos infinitamente superiores a los que devengaban como uniformados. Uno de ellos alcanzó a ser tercero en rango, en la poderosa Contraloría (CG).

Segunda historia: corría abril de 2011 cuando la funcionaria Mónica Esperanza Cano —hoy detenida en el Buen Pastor—, directora del Laboratorio de Informática de la CG y quien le reportaba a la señora Morelli, recibió un memorando interno firmado por Edith Rocío González —detenida en el Buen Pastor—, en ese momento abogada sustanciadora de la investigación fiscal contra Saludcoop. El escrito es pieza esencial en el proceso penal que enfrentan las dos exsubalternas de Morelli. Tan esencial, que la contralora se negó a responderle al columnista Ramiro Bejarano una pregunta al respecto cuando el abogado obtuvo el documento, dos años y siete meses después (nov. 2013). Por el contrario, ella contestó exigiéndole al comentarista que dijera quién y cómo se lo habían conseguido. Ante la contundente negativa de Bejarano a violar el secreto profesional, Morelli quiso obligarlo a revelar su fuente interponiendo una tutela que, desde luego, perdió por la inconstitucionalidad de su petición.

En el documento, González le hace a Cano una solicitud exótica para quienes solo disponían de la facultad de revisar estados financieros y su manejo: “relaciono las siguientes palabras y expresiones para que se sirvan ejecutar las correspondientes búsquedas en las imágenes de duplicación binaria (copias espejo de discos duros de computadores de Saludcoop) que se ‘generaron’ en la ejecución de las pruebas ordenadas…” Significaba que Cano, que manejaba el laboratorio informático, debía recopilar la información que pudiera sobre la lista que le mandó González. Allí estaban, entre muchas otras, estas “palabras o expresiones”: Juan Carlos Esguerra, Juan Carlos Echeverry, Mauricio González, Lina Moreno, Mónica Uribe, Marta Elvira Soto y hasta Ligia Helena Borrero, posterior vicecontralora de Morelli.

Cano y González, ambas del círculo íntimo de la contralora, hicieron la tarea. Ellas le dieron curso de las instrucciones que recibieron y, ahora, enfrentan la imputación de cinco delitos. El alma de DAS no era exclusiva de Uribe y sus gobiernos.

 

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