Corrupción generalizada

Que Odebrecht se hubiere hecho célebre durante la oprobiosa seguridad democrática, infiltrando con su poder corruptor los heliotropos del gobierno, la política, la economía, la banca, la industria, etc, demuestra el deterioro que padecemos.

Antes las coimas tocaban las puertas de mandos medios, ahora la sofisticación de las multinacionales sobornadoras aseguran la cúpula del poder y por ese sendero envenenado descienden a todas las oficinas. Todo lo consiguen, porque todo les es permitido, por cualquier autoridad y hasta por conglomerados privados.

Los grandes damnificados de estas cosas son la justicia y los organismos de control, que no detectaron a tiempo lo que sotto voce se rumoraba de la voracidad de Odebrecht. De no haber sido porque la justicia americana se interesó en este asunto, la Fiscalía y la Procuraduría jamás se habrían enterado de nada —como tampoco supieron de los sobornos de la FIFA— y los colombianos no nos estaríamos familiarizando con Otto Bula, a quien apenas ahora vinimos a conocer en las páginas rojas porque mientras fue senador del uribismo nunca se dejó sentir.

La corrupción se tomó todos los rincones. No es solamente una empresa brasilera experta en comprar y alquilar conciencias. Para no ir muy lejos, la Procuraduría de Ordóñez fue un nido de ratas. Lo último que supimos fue que en la reforma al Código Disciplinario, el anulado procurador metió una norma que reduce los tiempos de las inhabilidades a los sancionados por la Procuraduría, con la cual Fernando Londoño Hoyos quedará rehabilitado políticamente. En cuanto se posesionó Ordóñez como procurador, el “Héroe de Invercolsa” le envió una carta que hizo pública en la que le pedía no revocar las sanciones en su contra. Ordóñez le hizo caso, pero con trampas. No revocó las sanciones, pero cambió la ley disciplinaria para a través de un “mico” reducir el tiempo de inhabilidad al que está condenado. ¿ Quién responde en el Congreso que tramitó este esperpento? ¿Y quién en el gobierno que permitió que esté a punto de convertirse en ley?

El mal no se ha dado solamente en Bogotá. La provincia que antes era modelo de costumbres sanas, hoy es escenario de corruptelas propiciadas por alcaldes y gobernadores. En mi natal Buga, por ejemplo, otrora administrada con pulcritud, está gobernada por una camarilla siniestra que maneja como propia la hacienda pública. El anterior burgomaestre, John Harold Suarez Vargas, a través de unas elecciones bastante cuestionadas, logró imponer a su sucesor, Julián Latorre, hoy su títere. En la práctica siguen mandando Suárez y su tenebroso grupo, y nada les pasa porque Fiscalía y Procuraduría locales están cooptadas por la administración. Lo están también los medios con la sola excepción del periodista William Vianey Solano, a quien ahora a las volandas le han montado un proceso atroz por una supuesta injuria, porque se atrevió a criticar a un controvertido concejal que hace parte del grupo dominante. Son comunicadores con agenda politiquera, contratados ellos o sus familiares por el municipio, dispuestos a calumniar a quien cuestione la dudosa ética de esa mafia empotrada en la Alcaldía. He accedido a muchas horas de grabaciones de conversaciones telefónicas sostenidas entre el alcalde Suárez con subalternos, concejales, magistrados, una obsecuente personera, secretarios departamentales, senadores y periodistas a su servicio, y francamente es indignante el abuso y el tráfico de influencias hasta en la contratación del ICBF. Esas grabaciones lícitas están en poder de la Fiscalía, deben ser oídas y acogidas. A propósito, si el fiscal Martínez Neira y el procurador Carrillo pretenden combatir la corrupción, que empiecen por despolitizar sus entidades en departamentos y pueblos, porque si este estado de cosas continúa no habrá ni justicia ni control, como está ocurriendo en la Ciudad Señora.

Por eso bienvenida la consulta popular contra la corrupción, convocada por varios dirigentes políticos. Ojalá la podredumbre uribista, las iglesias católicas y cristianas está vez no se opongan.

Adenda. El fiscal Martínez Neira asegura que no pretende entorpecer la jurisdicción especial para la paz. ¿Cómo hacemos para creerle?

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