Por: José Roberto Acosta

Corrupción: la protagonista del 2016

La aprobación de la nefasta reforma tributaria a pupitrazo manda un perverso mensaje a los ciudadanos: el desequilibrio fiscal no se cuadra atacando la corrupción, sino sonsacándoles más dinero a los ciudadanos.

Por el desfalco en Reficar, Ecopetrol radicó internacionalmente una demanda arbitral por valor de US$2.000 millones, que difícilmente ganará, perdiéndose recursos públicos que ahora se compensarán con mayor IVA.

En materia de salud, la mayoría de las EPS registran patrimonios técnicos negativos, como el caso de Coomeva, con $1,04 billones en rojo a junio pasado, pero dueña de un banco que sí es rentable, sin que la Superintendencia de Sociedades actúe ante tan evidente causal de liquidación, y mientras que el ministro Gaviria, en un acto de deshonestidad intelectual, pide un salvataje financiero para las EPS, sin llevar la contraria al perverso esquema que es un barril sin fondo y una estructura delictiva que desembocó en casos como el de Saludcoop.

Respecto a las cacareadas vías y puertos de cuarta generación, de los $6,2 billones recibidos por la venta de Isagén, sólo llegaron $2,5 billones a la Financiera de Desarrollo Nacional, a quien se le adelantó la junta directiva del Banco Agrario, entidad financiera de todos los colombianos, otorgando un crédito de $120.000 millones en diciembre de 2015 a Odebrecht, a pesar que desde esa fecha ya su presidente estaba en la cárcel por corrupción. El Banco Agrario, que además perdió dinero en pagarés libranzas, que resultaron en la estafa del año, en las narices de la Superintendencia Financiera.

Pasados dos años desde que se cumplió el primer plazo para que Panamá suministrara información de las sociedades con las que los colombianos más pudientes evaden impuestos en ese paraíso fiscal, no han condenado a nadie, mientras el Gobierno se ufana de la cárcel para evasores, pero que, al igual que lo hicieron los de Pacific Rubiales, pagando la multa quedarán sin pena y sí con “gloria”.

Y lo anterior sin contar la corrupción en municipios que contratan a dedo, como lo denunció valientemente la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y “traquetean” con los Planes de Ordenamiento Territorial, como es el caso de La Calera.

Todo mientras se destapa el escándalo de corrupción en la Contraloría, donde algunos funcionarios cobran coimas para frenar investigaciones. ¿Lo único estructural será la corrupción? Feliz Navidad.

@jrobertoacosta1

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