Por: Hernando Roa Suárez

DARÍO ECHANDÍA: A propósito de la construcción de la paz en Colombia (XI)

…“creado este ambiente de persecución desaforada a todo lo largo y ancho del país, nada queda de las garantías legales creadas para salvaguardar el sufragio”. D. Echandía. (1949).

Uno de los valores sustantivos que defendió El Maestro Echandía, en distintos momentos del desarrollo de su protagonismo político, fue el vinculado a la construcción de la paz. Conocemos el papel decisivo que desempeñó el 09 de abril de 1948,  para evitar problemas institucionales adicionales a los que se habían producido por el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Por acuerdo realizado con el partido liberal, asumió -a nombre de este-, el Ministerio de Gobierno. Sin embargo, al no cumplir el gobierno de Ospina con las políticas acordadas, renunció al cargo. Sabemos que en el proceso electoral de 1950 Laureano Gómez ascendió al poder sin que en el proceso electoral hubiera participado el partido liberal, por falta de garantías. De la lectura del texto que nos vamos a ocupar hoy: Acuerdo para la paz nacional [1] puede observarse el ambiente de violencia abierta que se había desatado en octubre de 1949 y que continuó al no aceptar el partido conservador las propuestas pacíficas liberales. Leamos cuidadosamente la Propuesta.

Acuerdo para la paz nacional. Al revisar este texto puede observarse –y lo reitero– el ambiente de violencia abierta que se va a desatar a partir del 7 de agosto de 1950 al asumir el poder Laureano Gómez, en elecciones que carecieron de legitimidad, al no participar el Partido Liberal, por falta de garantías. Leamos: “Perdida, por tanto, la esperanza de obtener la cooperación del candidato conservador para buscar el acuerdo, el mismo día 28 de octubre la Dirección Liberal decidió presentar oficialmente al Congreso la reforma constitucional que está prevista en la fórmula elaborada por el señor Presidente de la República. Este hecho constituye, pues, una nueva invitación que hace el liberalismo al partido conservador para discutir una solución concreta de concordia política. Ya sea que se acepte esa fórmula, que tiene la autoridad de su alto origen, y de haber sido presentada por uno de los partidos, ya sea que en la discusión se llegue a cualquiera otra forma de acuerdo, lo cierto es que las mayorías liberales de las Cámaras han querido promover, sin más demoras, el estudio por el Congreso de una solución nacional del problema político, al depositar en el Senado el proyecto de reforma constitucional insinuado por el señor Presidente de la República”.

“Queda así inequívocamente establecido que corresponde ahora al partido conservador manifestar si acepta dicha fórmula o propone cualquiera otra, en subsidio, para que sea discutida; y que si su candidato, sus directores y parlamentarios, se niegan a cooperar en el estudio de una solución patriótica, son ellos quienes tendrán la total responsabilidad de que fracase una iniciativa que cuenta con el apoyo entusiasta de la inmensa mayoría de la opinión pública colombiana, claramente expresada en los últimos días”.

“Concretamente lo que el partido conservador tiene que decidir es que insiste en verificar unas elecciones en las circunstancias actuales, porque considera que tiene asegurado el triunfo como resultado de la política de coacción sistemática ejercida sobre su adversario, o si prefiere buscar unas elecciones que constituyan un título jurídico y moral respetable para el ciudadano que resulte elegido Presidente de la República.

“Que unas elecciones hechas en las circunstancias actuales no podrían constituir título ni moral ni jurídicamente respetable para ejercer el poder, es lo que resulta de los hechos anotados por el ex -Presidente de la República y el representante de la Universidad Nacional que han tomado asiento en la Corte Suprema Electoral y que se fundan, además, en los informes dados por el Registrador Nacional del Estado Civil y por los visitadores electorales de uno y otro partido. Estos hechos consisten en que, “suprimida ya prácticamente la propaganda electoral en su aspecto más popular y democrático; expulsada por la violencia de las autoridades una gran cantidad de registradores municipales; en pleno desarrollo –con el respaldo implacable de policías y resguardos- una política terrorista que ante nada se detiene; colocada la autoridad seccional en las manos más sectarias que han podido encontrar; generalizada la táctica de arrebatar a la gente humilde sus cédulas, fracasado el empeño de que pudieran votar en otros lugares los millares de ciudadanos a quienes la violencia oficial arrojó de sus hogares y arrebató, a la vez, sus derechos civiles y sus derechos políticos, sus propiedades materiales y su título de ciudadano; creado este ambiente de persecución desaforada a todo lo largo y ancho del país, nada queda de las garantías legales creadas para salvaguardar el sufragio”.

“En resumen: me parece que hay solo dos procedimientos para sacar al país de las dificultades actuales. El primero es de lograr un acuerdo patriótico con el fin de aplazar las elecciones, con un gobierno provisional, para que se modifique sustancialmente el clima actual de las relaciones entre los partidos mediante una plataforma de acción común encaminada hacer una transformación de fondo en las finalidades de la actividad política y el funcionamiento de los órganos del Estado, que tenga repercusiones permanentes sobre el porvenir de la nación. Este procedimiento implicaría la participación de ambos partidos por igual, en el desarrollo y práctica de esa plataforma común de acción política y de gobierno. El otro camino sería el de decir de una vez y prescindiendo de la idea de gobierno provisional, cuál de los partidos debe ejercer el Poder Ejecutivo en el próximo cuatrienio. Pero esta última solución supone que se verifiquen unas elecciones que merezcan el nombre de tales, es decir, que  se cumplan dentro de plenas garantías de libertad para los electores. Para ello sería necesario, no solo la suspensión de la política de violencia, amparada por las autoridades, sobre los electores liberales, sino la desaparición de los efectos ya conseguidos de aquella política, lo cual requiere el aplazamiento de las elecciones por el tiempo necesario para que desaparezcan los hechos destructores del orden jurídico que hacen imposible hoy el sufragio libre. Bastaría mencionar la circunstancia de que en más de cien municipios los liberales han sido expulsados y no podrían sufragar, para demostrar que las elecciones verificadas en tales circunstancias serían sólo una farsa sangrienta, según la expresión del Registrador Nacional del Estado Civil. Pero si no se logra ninguna de estas dos soluciones, ni la de acuerdo patriótico, que el partido liberal ha preferido, no obstante la conciencia de que constituye una mayoría confirmada por tres debates electorales cumplidos bajo el gobierno conservador, ni la que se decida a cuál de los dos partidos ha de corresponder el gobierno mediante unas elecciones que puedan constituir un título jurídico y moralmente respetable, entonces es claro que el liberalismo, como ya ha sido oficialmente declarado por sus directores, se verá en el caso ineludible de no reconocer el resultado de unas pretendidas elecciones que, si llegaran a verificarse, constituirían una afrenta para el sentimiento republicano del pueblo colombiano y un atentado contra todas las tradiciones civiles del país”.

“Dejo así informados a mis compatriotas de los efectos que han producido hasta el momento mi llamamiento a la paz y acerca de quiénes son los responsables de que hasta ahora no se haya concluido acuerdo alguno que despeje el horizonte nacional de las tremendas amenazas contra la paz pública y la  seguridad de los colombianos a que me referí en mi comunicación radial del 21 de los corrientes”. roasuarez@yahoo.com Miembro de la Paz Querida.

Referencia:
[1]  Declaración sobre el Acuerdo de los partidos, propuesto por el liberalismo. Bogotá, octubre 30 de 1949.
 

 

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