Por: Hernando Roa Suárez

DARÍO ECHANDÍA: Sobre su pensamiento (V)

“El Estado no debe intervenir, el libre juego de las armonías económicas se encargará hacer la justicia. Esa es la teoría que el mundo ha abandonado definitiva e irrevocablemente”. D. Echandía.

Continuando el estudio sobre el Tomo I de su obra completa, presentaré extractos de sus aportes en torno a: Intervención en la economía; Libertad económica y planificación; Técnica y economía; El orden público económico; La finalidad social; Pueblo y soberanía; Democracia efectiva; El derecho social es derecho público; y ley positiva y ley natural. A través de sus reflexiones el lector podrá encontrar la solidez de su formación en derecho público y el magistral empleo de preguntas, para facilitar la comprensión de  discernimientos que fueron básicos en la reforma estructural del 36. El lector cuidadoso encontrará en sus planteamientos aportes que, 80 años después de haber sido formulados, todavía pueden servir de fundamentos a las elaboraciones sobre  la problemática agraria, esbozadas para el posconflicto.  Disfrutémoslo.

Intervención en la economía.  [1] Sobre este tema expuso: “Una de las modificaciones esenciales de la concepción liberal del Estado hecha en la Reforma del 36, además de la del artículo 30 sobre protección de los derechos patrimoniales, al declarar, que no tienen protección constitucional si no cumplen su función social, es la del artículo 32, que determina: El Estado puede intervenir por mandato de la ley la explotación de industrias o empresas públicas y privadas con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas o de dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho. Esta función se podrá ejercer con uso de las facultades del artículo 76, ordinal 12 de la Constitución”…

Libertad económica y planificación. “La finalidad de la intervención del Estado expresada en la pa-labra “racionalizar” es finalidad social. Así está tomada esta palabra. El Estado puede intervenir por mandato de ley para procurar el bienestar social, es decir, para adoptar y poner en práctica los medios adecuados que a ello conduzca.

¿La nueva concepción del Estado restringe la libertad de empresa, la libertad de actividad económica, destruye la libertad económica? ¿Se puede compaginar, se puede coordinar el principio de la intervención en la economía con la libertad en el sentido clásico, natural, de la palabra? Así lo creemos. La Constitución nuestra garantiza las libertades públicas no obstante haber limitado la libertad económica. ¿Es posible eso? ¿La lógica nos lleva a la conclusión de que si se quiere organizar la actividad económica de un pueblo con arreglo a un plan, a “planes racionales” para producir determinados efectos sociales, esos intentos de la Constitución y de la legislación destruyen la libertad individual, son incompatibles con el concepto clásico de libertad? ¿Cómo contestar a esa pregunta? Se puede hacer una distinción trivial, que se ha hecho, que suele hacerse, que habitualmente se hace: hay una distinción entre intervenir y planificar la economía. ¿Para qué se interviene? De ahí viene la controversia característica de nuestro tiempo entre la libertad teórica y la libertad real. ¿Para qué interviene el Estado con el fin de evitar los monopolios? ¿Por qué se restringe la libertad de los empre-sarios monopolistas?: para asegurar la libertad de los consumidores. ¿Sí o no?

Recordemos lo que se dijo atrás: la característica de la política liberal del siglo XVIII y del siglo pasado por lo menos en su primera mitad, puede tener como base de los derechos individuales y de las libertades públicas al hombre abstracto. Según eso, tanta libertad debe tener el empresario como el consumidor, el empresario como el obrero; el Estado no debe intervenir, el libre juego de las armonías económicas se encargará de hacer la justicia. Esa es la teoría que el mundo ha abandonado definitiva e irrevocablemente. Hoy no hay ningún país del mundo donde haya libertad económica, no la hay en los Estados Unidos, no la hay en Inglaterra. Miren lo que dicen las constituciones”.

Y procede a plantear lo que sostienen las constituciones de Francia, Italia y la Unión Soviética para concluir.

Técnica y economía. “La conclusión a que han llegado todos los Estados es que no se puede dejar al libre juego de los intereses particulares o de la fantasía particular la dirección de la economía, que debe ser dirigida técnicamente. En realidad eso de la intervención es una consecuencia fatal de ese hecho. La administración de los Estados se ha tecnificado terriblemente. Está dominada por la técnica; por ello se hacen planes de economía, pues la intervención no puede hacerse sino mediante planes de economía que sujeten la actividad de los particulares. Así se está haciendo en este país y todos los días se pide, a veces, contradictoriamente, el alcance de este artículo de la Constitución. Todo el mundo pide que el Estado intervenga en las tarifas de aduana, en los transportes, ¿no es eso?, y en los precios de los productos agrícolas, porque ¿qué tal que se dejara sueltos a los algodoneros, que el Estado no se metiera con el café?... ¿Qué tal? El pacto del café, o las medidas sobre el café son una planificación. ¿No se impone por el Estado, por la fuerza, a los transformadores, a los industriales textiles el consumo del algodón nacional? Entonces ¿eso qué es, intervención o planificación?... Pues claro que para que la intervención sea racional tiene que obedecer a un plan, debe prever unas consecuencias para un tiempo más o menos largo. Si se toma una providencia es porque se supone que va a tener efectos económicos que indican la técnica económica. Pero entonces el gobierno del pueblo ¿en qué queda? Si los técnicos –y no pueden ser sino técnicos- son los que hacen los planes aquí o en cualquier país del mundo ¿cómo se ejercita la función representativa, el Poder Público ejercido por los representantes del pueblo? ¿Qué hace el Congreso, en presencia de los planes de los técnicos? ¿Puede haber planificación, es decir, se puede tomar un conjunto de medidas económicas coordinadas y racionales con el objeto de modificar el medio económico, por ejemplo que aumente la producción agrícola, por ejemplo que no sean excesivos los precios de costo, por ejemplo que se limiten los precios de los arrendamientos, sometiendo esas providencias al juego de los intereses contradictorios representados en el parlamento? Si el Congreso tiene que someterse a lo que dicen los técnicos ¿qué queda del Poder Público, qué de la soberanía del pueblo, de la nación?”. Culminemos el acercamiento a este Tomo con la lectura de sus aportes sobre el orden público económico. Veamos.

Orden público económico.¿Qué debe entenderse por orden público económico? La regulación, las normas reguladoras de la economía nacional en ejercicio del poder que le da al Estado este artículo 32 de la Constitución ¿son derechos públicos? ¿Hay un orden público económico? La expresión “orden público” también ha sido muy controvertida y propiamente puede decirse que no ha sido definida. Se puede decir lo mismo de la expresión “derecho público”. Una controversia que no termina jamás es la distinción entre “derecho público” y “derecho privado”.

Ustedes conocen las disidencias de Duguit y de Kelsen acerca de esa distinción que es milenaria. Saben también (lo que se puede llamar el concepto ingenuo o inmediato de derecho público), la definición vieja que se encuentra en el Digesto, eso de que en esta disciplina del derecho hay dos posiciones: “publicum et privatus”; y agrega que el derecho público es el que se refiere a los asuntos del Estado Romano, literalmente a las “cosas romanas”, o “quam statum rei romane spectatis”, lo que  se refiere al “status” de las cosas romanas, del Estado romano; y el derecho privado, “ad singularem utilitates pernitens”, lo que pertenece o se refiere a la utilidad de los privados. Lo que dicen estos disidentes es que esa distinción no existe, que en derecho todo tiene interés público, en derecho todo tiene carácter social, que es una norma para regular la conducta de los hombres en sociedad, y por consiguiente toda ella se refiere al bienestar de la sociedad, comunidad o Estado, si se quiere”.

La finalidad social. “Por lo que hemos visto, puede que la expresión social, por una especie de transposición del lenguaje extraño, lo que quiere decir en el mundo moderno es derecho de una clase, privilegio jurídico de una clase, de la clase trabajadora. Nosotros decimos “derecho laboral” o decimos “derecho social” para referirnos a las normas del Estado sobre intervención en la economía privada, con la finalidad de dar protección a los trabajadores, es la finalidad que expresa en el artículo 32. No significa esto que sea la única finalidad, sino que se quiso subrayar que la finalidad es de tal manera social o de clase, que al constituyente le habría bastado expresar “el Estado interviene para racionalizar la producción, la distribución y el consumo de riquezas”…, sin necesidad de añadir nada más, pues como ya lo vimos en la palabra “racionalizar” están implícitos la finalidad, el bien común, el bien público, el interés público, según decía la Constitución el 86 en el artículo sobre los derechos adquiridos. Si esa es la finalidad, ¿la finalidad del artículo 32 es favorecer el interés público, el interés social, la utilidad general o el bien común? De todas esas maneras puede entenderse”.

Pueblo y soberanía. “Todo esto depende de que hace un siglo y medio, en tiempo de la revolución francesa, se entendía que la democracia era el gobierno del pueblo. ¿Y qué es el pueblo?... ¿Qué era el pueblo para esa concepción?: un ente de razón. Fíjense que es una pura entelequia. Los constituyentes del 86 dijeron que la soberanía reside en la nación. En realidad la teoría es que reside en el pueblo, el pueblo es soberano. Sí, el Poder Público reside en el pueblo que lo ejerce por medio de unos representantes, pero noten que ese pueblo es, como el hombre de la Declaración de Derechos del 89, un ser abstracto, que no es rico, ni pobre, ni sabio, ni ignorante. Es el hombre que nace libre e igual a los demás hombres. Entonces en ¿qué consiste esa revolución? La revolución consiste en que se ha traducido la palabra pueblo, sin entenderla como una entelequia jurídica, como una ficción jurídica. ¿En qué consiste esa ficción aquí entre nosotros? En que si el Congreso dicta hoy una ley y el presidente la sanciona empieza a cumplirse, nosotros lo explicamos diciendo que esa es la voluntad del pueblo. ¿Cuál pueblo?... ¿Los pueblos que votaron? Entonces no es una noción cuantitativa. La mayoría del país no vota. Además, por ejemplo, los que se opusieron a la ley agraria ¿no son pueblo? Claro que sí. Aprecien cómo se ha hecho una mutación radical en el sentido de la palabra pueblo y el sentido de la palabra democracia. Ahora el pueblo es el pueblo real: donde hay clases sociales, ricos y pobres, empresarios y trabajadores, capitalistas y propietarios. Esa es la realidad”.

Democracia efectiva. “Entonces ¿cómo se debe orientar la política? ¿Cómo se debe orientar la concepción del Estado democrático? ¿Sobre la  ficción jurídica de que el pueblo son los que quieren votar, o sobre la realidad de que el pueblo son todos los que viven en el territorio, que no son seres abstractos ni ideales sino concretos y con necesidades resultantes, entre otras causas, del orden jurídico vigente, o que estaba vigente? ¿Se puede decir que se reniega de la idea democrática genuina de los liberales de 1789, de los franceses y de los americanos, de la Declaración de Derechos, cuando se establecen en lugar de los derechos individuales abstractos estas disposiciones que son manifiestamente disposiciones para favorecer a una clase?... ¿Se reniega con eso de la idea democrática?... ¿Se reniega de la libertad? No, se trata de hacer efectivo el pueblo, la voluntad del pueblo, el bienestar del pueblo como finalidad del poder del Estado. Entonces es que se ha cambiado el concepto de democracia por una simple traducción de la palabra pueblo a la realidad. Sí ha cambiado; ha cambiado inclusive el concepto del bien común como se entendía en el siglo pasado, cuando se decía, “hay que trabajar por el pueblo, la manera de trabajar por el pueblo es asegurarle la libertad”. Se ha trabajado en realidad por esa libertad al restringirla libertad-sobre-papel de contratar. Porque a eso reduce todo”.

El derecho social es derecho público. “La teoría del doctor Múnera, me parece, es que el derecho económico no pertenece al derecho público ni al derecho privado, sino a un tercer derecho que se llama el derecho social. ¿Esa teoría puede sostenerse en presencia de los textos colombianos? No: el derecho social es derecho público, para todos los efectos del artículo 16 del Código Civil. ¿Por qué? Porque eso sí quedó bastante claro en el artículo 30 de la Constitución. 
Al fin y al cabo la Constitución, el texto primitivo del 86, decía que si una ley dictaba por motivos de utilidad pública lesionaba los derechos patrimoniales adquiridos se debía cumplir siempre, porque el interés privado debía ceder al interés público, porque el interés público debía privar sobre el interés particular. Pero la reforma del 36 se agregó: “el interés público o social”; la palabra social está tomada ahí en el sentido restringido de derecho de clase. Entonces, aquí no hay ninguna duda de que el derecho social está incorporado en la noción del derecho público, está resguardado por el artículo 16 del Código Civil, que dicen que son nulos los actos jurídicos que contravengan al derecho público”.

Ley positiva y ley natural. “Concretemos: si las intervenciones estatales de que hemos hablado constituyen un derecho social, si este derecho económico, si este derecho de clase cabe dentro del concepto tradicional de la equidad y de la justicia; si viniere un congreso socialista y resolviera socializar los medios de producción y de distribución de las riquezas y resolviera planificar totalmente la economía, ¿en que se podría fundar la Corte Suprema para decir que estas medidas eran contrarias a la Constitución?... ¿A qué artículo en particular? ¿Al 30 que dice que puede decretar el Congreso expropiaciones sin indemnización? ¿O al 32 que dice que puede intervenir, sin limitar las finalidades ni los medios de intervención, que pueden intervenir el Poder Legislativo, el Congreso en la economía privada? ¿En qué consistiría entonces la planificación? No creo que haya razones propiamente jurídicas, fundadas en los textos legales, para sostener que dentro de esas instituciones no es posible la planificación. Es completamente gratuita la afirmación contraria”. [email protected] Miembro de: La Paz Querida.

Referencia:
[1] Me permito informar al lector que las cursivas han sido introducidas por el columnista, para realzar el alcance del pensamiento del autor.

 

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