De dirigentes y delincuentes

En casi todas partes los políticos tienen denuncias penales, pero en muy pocos países la política se reduce a ventilar sus gravísimas acciones criminales.

No me refiero solo a la pequeña política, la de los muchos congresistas, gobernadores y alcaldes condenados por ladrones o por paramilitares. Me refiero además a nuestra “alta política”, la que desde hace años ha tenido su agenda reducida a dos cuestiones: el acuerdo de Santos con las Farc y la pelea de Santos con Uribe.

No cabe duda de que Uribe y los suyos son objeto de una persecución política. La captura de su hermano, la citación de sus hijos y la fuga de su doble de manera simultánea y por cargos muy distintos no son obras del azar. Menos aun cuando vinieron del fiscal de bolsillo de Santos, el que en vísperas de la segunda vuelta electoral “descubrió” al hacker que por pura coincidencia tenía en su poder el video que acabó con Zuluaga.

Pero la motivación torcida del fiscal no implica que los acusados sean inocentes. Con un Código Penal tan largo como confuso y con millones de procesos represados, el poder arbitrario de la Fiscalía consiste simplemente en escoger a quiénes investiga y a quiénes acusa. Santiago Uribe tiene varios testigos en su contra, Jerónimo y Tomás pidieron devolución de impuestos indebida, la voz y el rostro de Zuluaga sí están en el video.

La Fiscalía puede estar al servicio de Santos y también la casa Uribe puede albergar a muchos delincuentes. En un país donde los altos funcionarios mienten es imposible saber la verdad, pero entretanto es sensato suponer que las acusaciones contra todos son ciertas y que son falsas las defensas de todos.

En todo caso los de la casa Uribe no se defienden con pruebas, sino con la alharaca de que son perseguidos. Su bancada se levanta del Congreso y convocan airados a una marcha para que “Santos no le entregue el país a la guerrilla”. Lo cual explica muy bien por qué se ha agudizado la pelea: es la antesala del plebiscito por la paz, el momento de votar “sí” o “no” a un acuerdo que nadie ha leído pero que en esta casi-democracia se convertirá en otro voto por Santos o por Uribe.

Y la segunda cuestión de alta política —el acuerdo de Santos con las Farc— es en esencia un negocio penal, una ley de amnistía y una pena simbólica para los crímenes más graves de los comandantes que aspiran a ser altos funcionarios. Más todavía: el acuerdo real no es con Santos sino con la derecha dura que encabezan Uribe y Ordóñez, de modo que el negocio del perdón se haga extensivo a todos nuestros altos criminales.

Y así quedamos en que las acciones de la Fiscalía, las rabietas del Centro Democrático, las gestiones de Enrique Santos en La Habana y los proyectos de reforma constitucional son apenas las facetas de moda en un sistema político que se limita a tramitar los crímenes de sus protagonistas.

* Director de la revista digital Razón Pública.