Por: Columnista invitado

De patrullaje con la policía mientras Filipinas libra guerra contra las drogas

La oficial Kathlyn Domingo caminó entre un laberinto de angostos callejones, agachándose bajo revoltijos de cables eléctricos y ropa colgada hasta llegar a la puerta abierta de una endeble casa de dos pisos fabricada con madera recuperada y clavos oxidados.

Por Aurora Almendral

Dura, seria y armada con una pistola calibre 0.45 con cacha rosada, Domingo, de 30 años, patrulla uno de los barrios bajos más pobres de Manila: Santa Ana. El mes pasado, una noche patrullé con ella y con algunos de sus colegas para ver, desde su perspectiva, la mortífera campaña de Filipinas contra los vendedores de droga y los que la consumen.

Más de 2.000 personas han sido asesinadas por la Policía (y al menos otras 1.000 a manos de vigilantes) desde que el presidente Rodrigo Duterte tomó el mando en julio y prometió liberar al país del azote de las drogas. Domingo prefiere no enfocarse en la naturaleza violenta de la campaña de Duterte, sino en las 750.000 personas que se han entregado a la Policía y presumiblemente renunciado a una vida de drogas y crimen.

Llamó por la puerta a uno de ellos, Roberto Elsis. Domingo indicó que Elsis tenía trabajo. Elsis me dijo que no había consumido drogas desde 2007, así que le pregunté por qué se estaba entregando ahora.

“Estaba en la lista”, me explicó, haciendo referencia a la lista de nombres redactada por las autoridades gubernamentales. “No tuve opción”, afirmó.

Líderes del vecindario y oficiales de la Policía y del departamento antinarcóticos arman listas de personas sospechosas de consumir o vender metanfetamina y después los oficiales van casa por casa para buscarlas. Los que no aceptan entregarse pueden terminar muertos.

Conforme volvíamos caminando al auto, una mujer nos paró. Era la madre de Elsis, quien había escuchado que la Policía había estado en la puerta de su hijo.

“Me espanté –dijo–. Pensé que lo iban a matar”.

No vi ningún asesinato en mi turno, pero vi mucho miedo.

Residentes de Santa Ana y otros barriales me dijeron que oficiales de policía armados y enmascarados recorren las calles por la noche amenazando a hombres jóvenes, a los que les preocupa que los maten o que los lleven a cárceles atestadas. Una mujer, que no quiso dar su nombre por miedo a represalias, dijo que la vida era más fácil cuando solo tenía que evitar a los narcotraficantes. Ahora, afirmó, el enemigo es la Policía.

Pero los oficiales dicen que Duterte ha marcado el comienzo de una nueva era de orden y seguridad. Las calles han sido limpiadas, hay menos crimen y los vendedores de drogas se han escondido. La Policía dice que la gente está agradecida, sentimiento respaldado por las encuestas, que muestran que el nivel de aprobación de Duterte ha permanecido constante en un alto 77 por ciento.

“La comunidad confía en nosotros”, dijo el coronel Robert Domingo, que en ese entonces era comandante de la estación Santa Ana pero que desde entonces ha sido reasignado. Dijo que Duterte había impulsado la moral de los oficiales y que había invertido la relación entre la Policía y los criminales: “Ahora somos nosotros los que los estamos cazando, cuando antes solían ser ellos los que nos cazaban”.

Como parte de la campaña antidrogas, la fuerza de Santa Ana creció de 149 oficiales a 250, como parte del esfuerzo de Duterte por expandir la Policía Nacional en miles de elementos.

“Las cosas no son como siempre en la Policía Nacional Filipina”, dijo Robert Domingo. “Esto es una guerra. Es la época dorada de la policía filipina”, consideró.

Cuando llegué a la estación de Santa Ana a las 6 p.m. de un sábado, inmediatamente me enfrenté a una maraña humeante de extremidades y cuerpos descamisados. La cárcel de la estación (una sola celda de aproximadamente 3,5 metros de ancho por seis de fondo) tenía a 48 hombres, y algunos de ellos dijeron haber estado ahí más de un mes.

Los hombres se sentaban en cuclillas en el piso, se apoyaban unos contra otros y colgaban de las vigas en hamacas. Compartían un baño dentro de la celda. El aire era rancio, olía a sudor.

Salí a patrullar con tres oficiales jóvenes. Mark Castañeda, de 25, se topó con los casos típicos que podría tener cuando sale de patrullaje: tapas de registro dañadas, peleas entre vecinos. Bromeó diciendo que la llamada más cruel que había atendido era por abuso de un gato.

Cuando doblamos una esquina para entrar a Dagonoy, un barrio pobre atestado de casas improvisadas, Castañeda dijo: “Ahora estamos entrando a la zona de guerra”.

Las drogas se venden y consumen abiertamente en Dagonoy, pero “zona de guerra” se sintió como una exageración. Había familias sentadas afuera, niños jugando en la calle. Mientras pasamos con las luces de policía girando, los adolescentes paraban de jugar básquetbol para mirarnos.

Al cambio de turno de las 8 p.m., Castañeda me dejó en la subestación de policía Dagonoy, donde hay un letrero pegado en la pared que dice: “Dagonoy PCP observa los derechos humanos”.

Dave Abarra, el capitán de la estación, dijo haber pegado el letrero para recordar a los policías que no cometan abuso contra los sospechosos.

Cuando le pregunté sobre los derechos de los sospechosos que han muerto sin juicio, Abarra me dijo: “Los activistas de derechos humanos defienden los derechos de los adictos y consumidores de drogas, no los derechos de sus víctimas”.

Luego conocí a Kathlyn Domingo, quien se estaba preparando para una noche de visitas a sospechosos de drogas. Orgullosamente me mostró un archivo de ocho centímetros de altura con documentos de rendición firmados, y con su celular vimos las fotos de los consumidores de drogas.

Durante el turno, Kathlyn Domingo se reunió con Bernardita Enales, presidenta del vecindario Barangay 775, quien había apelado a los sospechosos de estar relacionados con las drogas para que se entregaran en su oficina.

Enales estaba dormitando en su silla cuando llegamos. Nadie se había presentado.

“¡Tienen miedo de que los maten!”, explicó Enales, riéndose. Domingo sonrió educadamente y añadió que tal vez tenían miedo a que los atraparan, o que los metieran en la cárcel.

Un vigilante eventualmente rodeó a un matrimonio. El hombre admitió consumir drogas; la mujer dijo que nunca las había probado. Domingo completó la documentación de entrega para ambos.

La efectividad de la campaña antidrogas depende de la cooperación de autoridades del vecindario como Enales, pero ella solo ha producido siete arrestos en los cinco meses que han pasado desde el inicio de la campaña, según los registros policiacos.

Pasamos el resto de la noche haciendo rondas. Abarra se nos unió y señaló un callejón vacío donde según dijo solía haber narcotraficantes, hasta que tres de ellos fueron asesinados una semana antes.

“Es cierto que el miedo tiene un efecto”, consideró. “Si uno es suave con la mano derecha, hay que ser duro con la izquierda”, agregó.

(c)2016 New York Times News Service

 

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