Por: Juan Manuel Ospina

Del Frente Nacional a La Habana

Se acerca el 2 de octubre y el voto del plebiscito sobre los farragosos acuerdos de La Habana. Esa cercanía obliga a recordar otra trascendental consulta ciudadana, el plebiscito que en 1957 dio origen al Frente Nacional y pretendió ponerle fin a un largo período de violencia política que venía desde los años 30 y tuvo su clímax el 9 de Abril, con el asesinato de Gaitán.

Digo que pretendió porque si bien terminó la salvaje confrontación liberal-conservadora, creó también las condiciones de exclusión de sectores de la sociedad que, acalladas sus voces, quedaron al margen de las decisiones y del postconflicto de entonces, lo que daría origen a  otra larga violencia, a la que  esperamos  ahora ponerle fin.

De la rica experiencia frente nacionalista sacaría unas conclusiones gruesas.  Que los acuerdos deben entenderse e implementarse con esperanza y mirando hacia una nueva época que se abre, no con espíritu de venganza, apresado por  los horrores y sin razón de una época que se quiere dejar atrás. Entonces como ahora, no había ganadores ni perdedores, sino un país que entendió lo estéril de la misma y que creyó  posible superar el conflicto; había en el 57 y lo hay hoy, un ganador: Colombia.

En ese año se entendió que era necesario perdonar y extender la mano al enemigo de ayer, pero limitaron el reordenamiento de la política y del poder al dejarlo centrado en un bipartidismo que ya mostraba  señales de agotamiento, generándose un escenario de exclusión. Fue solo cuestión de tiempo para que empezaran las protestas que terminaron alimentando la nueva guerra, aunque algunos digan  que era solo un capítulo del viejo conflicto. La conclusión es clara: la fortaleza de un acuerdo está en su capacidad de inclusión, pues toda exclusión lo debilita. Ahí está precisamente la vulnerabilidad de lo realizado en La Habana, que al igual que en 1957 está signado por la exclusión. Sonará a frase de cajón pero la paz es con todos y para todos no solo porque así lo establece la Constitución, sino por su trascendencia política y por la complejidad en su desarrollo; en caso contrario, podría quedar como letra muerta, con consecuencias impredecibles.

Un acuerdo implica que las partes limiten sus pretensiones, encontrando terreno común.  La declaración más sincera y realista al respecto la hizo Humberto de la Calle la semana pasada: el acuerdo logrado es el mejor posible –-algunos dirán el menos malo-– y como con todo acuerdo, en ambos bandos se escucharan  voces de insatisfacción.

Pasado el plebiscito esperan dos asuntos de fondo y que están sin desarrollo. El primero la financiación de las tareas del postconflicto, que no se reducen a pagar un salario mínimo a la tropa guerrillera desarmada como algunos maliciosamente plantean. Son billones de pesos para invertir durante unos años en bien del país, de todos; dineros que hoy no existen y los que hay están dedicados a las megaobras públicas de 4G del Vicepresidente que  no son prioritarias en el postconflicto. Sin recursos suficientes y bien orientados, la posibilidad de la paz terminará en nada. Urge una estructura tributaria seria, que grave los altos ingresos personales, no a las empresas, y apoye al trabajo y la inversión productiva; un régimen tributario sencillo y transparente, sin esguinces y favorecimientos e implacable con los evasores millonarios. El apoyo internacional no puede reducirse a unos limitados recursos de la cooperación para proyectos, importantes y necesarios, pero insuficientes; el apoyo efectivo será para el otorgamiento de créditos amplios para financiar la transformación nacional, en el espíritu del Plan Marshall para la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra. Más plata pero no para hacer más de lo mismo sino para ejecutar un  plan de desarrollo de Transformación Nacional por los próximos  tres gobiernos;  si la guerra fue decisiva en  seis elecciones presidenciales, ahora lo debe ser  la construcción de la paz.

Por último, y el tema requiere más espacio, tal vez lo más importante que se dijo la semana pasada en La Habana fue sobre la voluntad de constituir una gran alianza, una gran coalición para la paz, que le dé definitivamente su sentido y contenido nacional. Acuerdo que debería desembocar en una nueva constituyente, en tanto que  las constituciones son  cartas políticas que enmarcan  y definen el rumbo de la vida de una sociedad y esto es precisamente lo que reclama Colombia  en estos tiempos de decisiones transformadoras.

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