Por: Jorge Gómez Pinilla

Detrás de Julián Quintana hay una mano negra

Si algo tiene el poderoso aparato de propaganda que maneja la extrema derecha en este país, es que sabe mover los medios y los calanchines requeridos para hacer creer que la noche es día o el día es noche, según su conveniencia.

Ya se vio cuando a punta de mentiras, fotomontajes y pastores evangélicos alinearon la votación del plebiscito a favor del NO, y adquiere ribetes de película cuando el mismo director del CTI que en 2014 capturó al hacker contratado por la campaña de Óscar Iván Zuluaga, hoy aparece oficiando del lado del uribismo.

Es tan claro como la luz del día que Andrés  Sepúlveda fue contratado por la campaña del Centro Democrático para hacer fracasar las conversaciones de paz, y eran tan conscientes de estar haciendo algo indebido que los 230 millones de pesos que le pagaron por sus servicios no los registraron en la contabilidad y no se los entregaron a él sino a su hermano. Y existen dos videos donde se aprecia la cercanía de Sepúlveda con la campaña: uno en el que se ve al ‘asesor espiritual’ Luis Alfonso Hoyos llevándolo al canal RCN para que lo entrevistaran, y otro donde le informa de sus actividades de sabotaje a Óscar Iván Zuluaga, y le dice: “¿Qué estamos mostrando? Información extraída de inteligencia militar a la que yo tengo acceso”. Más adelante, se escucha a Zuluaga interpelar: “De aquí al 25, queda un mes para dar un golpe”. (Ver video).

Esto es prueba fehaciente de que Sepúlveda estaba dedicado a ‘chuzar’ lo que ocurría en La Habana con base en las instrucciones que recibió, según su propia confesión a la Fiscalía: “No al proceso de paz”. (Ver confesiones). Y el escándalo artificial que se ha desatado con las declaraciones del exdirector del CTI, Julián Quintana, quien hoy oficia ante los medios como vedette de su propia fabulación, se inscriben dentro del mismo propósito: “No al proceso de paz”.

En este contexto cobran relevancia las palabras de Julio Sánchez Cristo cuando al entrevistar al director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se refiere a “las declaraciones bastante confusas de quien fuera el director del Cuerpo Técnico de Inteligencia de la Fiscalía, el señor Julián Quintana. ¿Por qué confusas? Porque no las ha soportado, se ha limitado a decir que será su palabra contra la del almirante (Álvaro) Echandía”. (Escuchar entrevista).

Confusión, ciertamente, es lo que han generado las supuestas ‘revelaciones’ de Quintana, pese a que el meollo de lo ocurrido con el hacker Sepúlveda lo aportó el almirante Echandía en la entrevista citada: “Aquí lo importante fue que se desmanteló una organización criminal que infiltró a agentes del Estado (DNI, Ejército, Policía), ese fue el éxito de esa operación”. Y es eso lo que la feroz campaña del CD hoy pretende hacer olvidar, con su ejército de pájaros disparando contra las escopetas.

El uribismo logró armar la tormenta perfecta en un vaso de agua trasnochada, y para que ello fuera posible se requirió ‘alinear’ a su favor al voluble exdirector del CTI. ¿Cómo lo hicieron? La solución al misterio estaría en desenredar el hilo de la madeja que puso a Quintana del otro lado del proceso, como un testigo contra la investigación que él mismo lideró. En este propósito, resulta pertinente aportar algunos elementos de análisis:

El 29 de julio de 2015 fue detenida en el aeropuerto Eldorado Carmen Sofía Carreño, secretaria privada del entonces director del CTI, Julián Quintana, cuando en compañía de su esposo intentaban ingresar al país un millón de dólares proveniente de República Dominicana. Según Semana.com, “la funcionaria (…) viene ni más ni menos que de la Unidad Nacional de Extinción de dominio, donde trabajó con Quintana. Él le tenía tanta confianza, que se la llevó a trabajar al CTI”. (Ver noticia).

Cinco meses después, el 23 de diciembre, la esposa de Julián Quintana fue sometida a una inspección con escáner en el mismo aeropuerto, cuando la pareja se disponía a viajar a Panamá. La Policía adujo que el procedimiento obedeció a que se consideró el viaje como 'crítico', por haber comprado los tiquetes a última hora o porque viaja frecuentemente hacia ese destino (Ver noticia).

En apariencia estos sucesos no comportan nada indebido para Quintana, pero en relación con el primero aparece una columna del pasado 20 de enero escrita por el representante uribista Samuel Hoyos en la página web de Uribe (alvarouribevelez.com.co), titulada ‘Lavandería en la Fiscalía’, donde dice esto: “Llama la atención que si Quintana no confiaba en Carreño la haya llevado como su secretaria privada al CTI, tras haber trabajado con ella anteriormente. También es extraño que el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, que tiene entre sus funciones investigar el lavado de activos, no haya siquiera sospechado de su asistente privada a pesar de que ésta viajó, en menos de seis meses, cuatro veces a la isla caribeña. Viajes que superan la capacidad de una persona que, según él, se dedica a recibir correspondencia y atender llamadas”. (Ver columna)

Llama la atención también que la acusación proviene de uno de los alfiles del expresidente Uribe, y es cuando la malicia indígena nos pone a pensar si no será que a Quintana le conocieron algún ‘guardado’… y este les haya servido para ‘arreglarlo’ del lado del patrón.

Un tercer hecho llamativo se aprecia en un Top Secret de Noticias Uno: después de salir de la Fiscalía Quintana firmó un contrato –aún vigente- con la Comisión de Acusación de la Cámara, el cual “podría haber determinado su decisión de cambiar de bando”. Aunque Quintana niega que ese contrato haya sido gestionado por el representante uribista Edward Rodríguez, el presidente de la Comisión, Nicolás Guerrero, le manifestó por escrito al noticiero que “el asesor Julián Quintana fue asignado al representante investigador Edward Rodríguez” (Ver Top Secret).

¿A qué obedece entonces este súbito y orquestado escándalo? A que quieren presionar al nuevo Fiscal General para que le tuerza el rumbo a la investigación, en su condición de proclive al uribismo, como parece indicarlo su declaración según la cual él “tampoco” tiene evidencia contra Óscar Iván Zuluaga (ver noticia). Es entonces cuando el lector capcioso se pregunta si una declaración del Fiscal ante los medios equivale a sentencia ejecutoriada, o si será que Martínez Neira está violando la reserva del sumario. En cualquier caso se le ve parcializado hacia una de las partes, y es entonces cuando uno comienza a sospechar que quizá tiene razón el uribismo en eso de que la justicia está politizada…

DE REMATE: Por los días en que estalló el escándalo del hacker Sepúlveda, el Inspector General de la Dirección Nacional de Inteligencia era Pedro Agustín Valencia Laserna, hermano de la senadora Paloma Valencia y cuñado del expresidente Andrés Pastrana. Los medios que se tragaron el anzuelo de que el gobierno espiaba la campaña del CD, están demorados en entrevistar a quien por la importancia de su cargo –y por sus parentescos- le respiraba en la nuca a su jefe inmediato, el almirante Echandía.

En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.blogspot.com.co/

 

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