Por: Juan Carlos Gómez

¿Dónde están los secretos de Estado?

En junio de 2013, William Hague, el entonces ministro de Exteriores del gobierno británico, informó al Parlamento que se había llegado a un acuerdo para indemnizar con casi 20 millones de libras esterlinas a miembros de la insurgencia Mau Mau de Kenia, víctimas de torturas y tratos crueles por parte de las autoridades coloniales entre 1952 y 1963. Por primera vez en la historia, los británicos admitían la violación de los derechos humanos en sus antiguas colonias.

La indemnización a las víctimas daba fin a una ardua disputa en los tribunales londinenses, pues, después de tantos años, el gobierno británico se negaba a reconocer su responsabilidad, y si no hubiera sido por la firmeza e imparcialidad del juez McCombe todo habría quedado en la impunidad. Las pruebas en contra de las autoridades coloniales se basaron en la investigación que desde 1997 venía realizando la historiadora Caroline Elkins, profesora de la Universidad de Harvard, quien viajó a Kenia y entrevistó a cientos de víctimas. El libro de Elkins sobre ese vergonzoso pasado imperial obtuvo el premio Pulitzer en 2006.

Aparte de todo resulta también aterradora la manera como las autoridades trataron de ocultar miles de documentos clasificados y secretos que probaban lo que sucedía en Kenia y otras colonias y protectorados ingleses, tal como lo relata la misma Caroline Elkins en reciente entrevista al periódico The Guardian. Sólo hasta 2011, a propósito del juicio promovido por los Mau Mau, se vino a saber que existía un archivo secreto en un edificio inexpugnable y que en todo caso mucha información valiosa y comprometedora había sido destruida décadas atrás.

En Colombia, la Ley 1712 de 2012, sobre transparencia y acceso a la información pública, padece de vaguedades y vacíos —lamentablemente bendecidos por la Corte Constitucional en 2013—, los mismos en los que se amparan muchas autoridades para ser todo menos transparentes cuando se les solicita información.

Según esa ley, la información clasificada y reservada —por posible daño “a los intereses públicos”— no podrá serlo por más de 15 años. ¿Dónde será que guardan esa información? ¿Sí será que la podrán conocer las generaciones futuras?

@jcgomez_j

 

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