Donde todos mandan, nadie manda

Parafraseando el “Manifiesto Comunista”, pareciera que un fantasma recorre a Colombia: el fantasma que pretende acabar con la minería legal.

Todas las fuerzas se han unido en santa cruzada para apoyar este fantasma: los ecologistas y los jueces; los burócratas y los alcaldes; los izquierdistas y los sindicatos; las comunidades y los marginados. La Corte Constitucional igualmente ha jugado un papel importante en la virtual desaparición del sector: de las 25 decisiones que tocan al sector, el alto tribunal constitucional ha fallado sólo dos veces a favor del sector minero.

Buena parte del problema de la minería legal en Colombia radica en que nadie sabe realmente quién manda: ¿La Presidencia? ¿El Ministerio de Minas y Energía? ¿El Ministerio de Medio Ambiente? ¿La Agencia Nacional Minera? ¿Las Altas Cortes? ¿El Congreso? ¿Las Gobernaciones y las Alcaldías? ¿Las Corporaciones Autónomas? ¿La Autoridad de Licencias Ambientales, ANLA? ¿Las comunidades Indígenas y afrodescendientes? La respuesta es que todas mandan, pero es un poder efímero porque lo que dictamina una generalmente anula o se sobrepone a lo que dictamina la otra. Y es una regla inexorable que donde todos mandan, nadie manda. Los resultados están a la vista: la inversión extranjera en el sector minero, según el Banco de la República, se desplomó en un 46,9 por ciento en el 2014 y un 66, 2 por ciento en el 2015.

Libre de toda interferencia estatal o social, sin ninguna restricción geográfica, ambiental o étnica, la locomotora minera ilegal está más activa que nunca. Se estima que entre el 60 y el 80 por ciento de la explotación minera en Colombia es ilegal y se realiza sin licencias ambientales ni títulos mineros. Según reciente informe de las Naciones Unidas, más de 80 mil hectáreas de selva han sido arrasadas por retroexcavadoras, dragas y balsas que han devastado la tierra y los ríos en busca de oro y otros minerales. Una de las conclusiones de dicho estudio es la coincidencia de las zonas de explotación minera ilegal con la presencia de cultivos ilícitos, pues este tipo de minería abierta se está realizando en las mismas regiones donde las redes del narcotráfico han establecido sus cultivos de coca y sus laboratorios para el procesamiento de la droga.

A la minería ilegal le importa un pepino el medio ambiente, la flora y la fauna. Envenena los ríos; acaba con las fuentes hídricas; arrasa con la selva tropical; no paga prestaciones; no sabe qué son impuestos, y el pago de regalías la hace desternillarse de la risa. Uno pensaría que todos los esfuerzos del Estado y las ONG estarían enfocados es en acabar con la minería ilegal, privilegiando la legal. Pero no… Los esfuerzos están concentrados casi de manera exclusiva es en obstaculizar por todos los medios posibles la minería legal. En realidad los enemigos de la minería que cumple con sus obligaciones son tan ingenuos que ni siquiera se dan cuenta de que dos de los países que mejor cuidan al medio ambiente y respetan al entorno social son precisamente dos países eminentemente mineros: Canadá y Australia.

Apostilla: Insensata la insinuación del arzobispo de Cali que los que voten por el NO son deshonestos. Los cimientos de paz y de la democracia se construyen sobre la tolerancia y el respeto. Si se fomenta un clima de intolerancia e irrespeto, las posibilidades de que Colombia sea un país en paz son bastante remotas.