Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Ecos de una infamia

El asesinato atroz de Yuliana, raptada, torturada, violada y luego ultimada en un apartamento del norte de Bogotá —episodio ahora más enrarecido con la extraña muerte del vigilante del edificio donde ocurrieron los hechos— tiene que servir para explorar y definir la ética de los abogados y los límites del derecho constitucional de no incriminar a los parientes.

Los litigantes en general están expuestos a todo, en especial los penalistas, porque en el universo que se mueven hay más tensiones sociales de las que suelen presentarse en otras disciplinas del derecho. El criminalista tiene la suficiente sangre fría para meter a la cárcel a alguien o para sacar a su cliente de prisión, en un sistema judicial que, como el nuestro, es inseguro y a veces corrupto. Y advierto que aprecio a muchos abogados penalistas de quienes doy fe de su rectitud, como también sé de varios que honran el derecho penal, pero como avezados delincuentes. Entre otras cosas, difícil creer que en este asunto del crimen de Yuliana, donde intervinieron varias personas, no hubo un penalista aconsejando que hacer. ¿Quién habrá sido?

Los azarosos tiempos que corren, cruzados con el fuego mediático, hicieron del oficio de penalista una actividad peligrosa, sobre todo para él mismo. A propósito de este nuevo escándalo que tiene sacudido al país, la justicia tendrá que definir hasta dónde llega la labor de asesorar a alguien y cuándo se cruza el umbral de empezar a delinquir. No es lo mismo ser asesor que cómplice.

Y lo mismo ha de ocurrir con el derecho de no incriminar a la parentela, consagrado en el artículo 33 de la Carta Política. Ese derecho no concede licencia para apoyar un consanguíneo hasta el punto de que el auxilio filial se traduzca en desaparecer evidencias de un delito.

Un abogado debe tener claro que debe asesorar y representar a su cliente, nunca convertirse en auxiliador, inspirador o ejecutor de sus conductas criminales, porque de hacerlo ya no está ejerciendo el derecho, sino transitando el Código Penal. Y el pariente también ha de saber que si bien no está obligado a declarar en contra de los suyos, ello no le abre las puertas para facilitarle la comisión de un delito o su ocultamiento.

Los abogados tienen enormes responsabilidades sociales ante la comunidad, porque el ejercicio de ese oficio y la puesta en práctica de sus especiales conocimientos, además de que constituyen un poderoso mecanismo de cambio social, pueden ser también un arma peligrosa en favor de intereses oscuros. Todos los profesionales del derecho deberían estudiar el libro “Abogados, Sociedad y Derecho de Interés Público”, del Profesor Daniel Bonilla Maldonado (colección Nuevo Pensamiento Jurídico de la Universidad de los Andes), para comprender sus responsabilidades y deberes.

Pero allí no terminará la discusión, porque las épocas que vivimos agregan a estas situaciones el papel que han de jugar los medios en la presentación de la información de escándalos como el que ha suscitado la terrible tragedia del asesinato de Yuliana. En esta ocasión resultó inusual la decisión de varios medios que inicialmente coincidieron en publicar a medias la noticia, pues algunos no revelaron el nombre del presunto implicado porque podrían afectarse las investigaciones de la Fiscalía. Raro cambio de actitud de algunos medios que esta vez optaron por una injustificada prudencia, que, como se sabe, no han tenido en situaciones similares. ¿Fue orden de la Fiscalía?

Lo cierto es que cuando un medio de comunicación comprueba un detalle tan importante como la identidad de un supuesto criminal, debe revelarlo, porque su función es informar, no acompasar sus noticias al ritmo de ninguna autoridad judicial por poderosa que sea. Son compromisos distintos el del periodista y el del investigador criminal que no pueden revolverse, porque terminan afectadas la información y las instituciones.

Merecen igualmente repudio ciudadano y sanciones de las autoridades esos centros médicos mercantilistas y alcahuetas que protegen de carcelazos a quienes cuentan con recursos para abusar de sus enfermedades imaginarias.

Adenda. Pobre mi natal Buga. La corrupción en la administración municipal y en ciertas camarillas políticas ha llegado a niveles escandalosos. Y ninguna autoridad interviene.

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