Por: Columnista invitado

El acceso a la justicia y la eliminación de la violencia contra las mujeres

El acceso a la justicia está en el centro de las prioridades para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. Los derechos, sin mecanismos específicos y eficaces que permitan exigir su protección y garantía, se desnaturalizan.

Por: Martha Ordóñez*

En general, la Corte Constitucional ha definido el derecho al acceso a la justicia como un derecho medular con miras a la resolución efectiva de disputas, controversias, conflictos, afectaciones y vulneraciones. En palabras de la Corte, “se constituye para el individuo en una necesidad inherente a su condición y naturaleza, sin él los sujetos y la sociedad misma no podrían desarrollarse y carecerían de un instrumento esencial para garantizar su convivencia armónica, como es la aplicación oportuna y eficaz del ordenamiento jurídico que rige a la sociedad”.

Es decir, el acceso a la justicia es una de las preocupaciones centrales del Gobierno Nacionalen su esfuerzo por garantizar los derechos humanos de las mujeres. Sin acceso a la justicia, el importante marco normativo con que cuenta el país se convierte en letra muerta.

El desconocimiento de derechos y de las rutas de atención, la tolerancia social e institucional a las violencias contra las mujeres y la problemática de impunidad son poderosas amenazas contra el derecho de las mujeres al acceso a la justicia. El Estado debe jugar un papel preponderante al confrontar estas amenazas, pero no puede hacerlo solo, resultaría insuficiente, se requiere un compromiso que abarque Estado, instituciones, sociedad e individuos.

Como ejemplo de la importancia de un compromiso que supere lo estatal, debo destacar el esfuerzo que realizan las organizaciones de mujeres que, por medio de litigio estratégico, han logrado visibilizar las barreras de acceso a diferentes esferas de la vida, como la económica o la política. De la misma manera han identificado oportunidades jurídicas de protección de derechos, además de impulsar transformaciones normativas a la altura de la consagración del tipo penal de feminicidio como conducta autónoma, entre otras.

Por su parte, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en desarrollo de su papel como mecanismo nacional para el avance de la mujer, en alianza con ONU Mujeres y otras organizaciones, adelantó la segunda medición del Estudio de Tolerancia Social e Institucional frente a las Violencias hacia las Mujeres. Esta investigación, realizada con servidores públicos de diferentes áreas de atención, nos permitió identificar imaginarios y actitudes nocivas en los propios servidores que naturalizan las violencias hacia las mujeres y que sin duda son un obstáculo importante para el acceso a la justicia por parte de las víctimas.

Para ilustrar el tipo de hallazgos de este estudio, comparto dos ejemplos: en el 2009, el 46 % de los y las funcionarios encuestados pensaban que “hay casos de violencia de pareja en los que pareciera que a la mujer le gusta que le peguen”. Esa cifra bajó a 33 % en el 2014. Para los mismos años de la medición, el porcentaje de las servidoras y servidores públicos que consideraban que “sólo las mujeres sin autoestima sufren de violencia” pasó del 28 % al 16 %.

Teniendo en cuenta estos resultados, debemos redoblar nuestros esfuerzos para garantizarles a las mujeres su derecho a acceder a la justicia, realizar las transformaciones institucionales y personales que materialicen este derecho.

Convocamos a toda la sociedad colombiana este 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de las Violencias Contra las Mujeres, para manifestarse en contra de todo tipo de violencias hacia ellas, con el objetivo de seguir promoviendo y posicionando en el país una cultura de cero tolerancia frente a este flagelo.

* Consejera presidencial para la Equidad de la Mujer.

 

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