Por: José Manuel Restrepo

El desafío económico de la paz

Hemos empezado a oír distintos planteamientos de lo que significa la relación entre la paz y la economía. El primero de ellos hace referencia al eventual impacto positivo en el crecimiento potencial del país.

En dicho sentido, el estudio más reciente es el que realizó el DNP, basado en 117 países que han tenido conflicto y de ellos en particular aquellos que han finalizado sus conflictos por la vía de una negociación. En esta investigación se concluye que se podrían alcanzar crecimientos en Colombia del orden del 5,9%, lo que significa 1,9 puntos porcentuales adicionales, cifra que coincide con un promedio de una decena de estudios que se han realizado y que concluyen sobre cómo un eventual acuerdo de paz nos llevaría a un crecimiento adicional que oscila entre 0,3 y 2,5 puntos porcentuales adicionales. La razón para lograr lo anterior se deriva de cómo la finalización del conflicto generaría una mayor confianza en el futuro del país y motivaría mayores niveles de inversión interna y externa, mayor consumo y ahorro, así como eventuales mejoras en comercio exterior.

Pero cobrar el dividendo anterior plantea desafíos, y el primero de ellos es ser capaz de financiar lo que requieren los acuerdos en materia de víctimas, reinserción y reintegración, infraestructura, reconstrucción rural, nuevos desarrollos en institucionalidad y justicia, construcción de capacidades sociales en salud, educación y vivienda y desarrollo productivo y competitivo que sostenga lo anterior, entre otros asuntos. Lo anterior supone un trabajo cuidadoso y persistente de varios años, porque como lo sugiere Paul Collier, reconocido académico de la Universidad de Oxford, los conflictos que han sido longevos generan demoras en la materialización del dividendo de la finalización del conflicto, mientras se reconstruye el capital físico y humano previamente destruido. Este desafío significará para el país un costo que oscila, según también varios estudios realizados en Colombia, incluyendo el del DNP, entre un 0,7 y un 1,8% del PIB anual, algo así como unos $10 billones anuales adicionales.

El desafío de lograr esta financiación es fundamental para garantizar que la paz realmente sea estable desde la perspectiva económica, y para que podamos cobrar los réditos planteados. Y dicho desafío llega en un momento complejo en el que el choque petrolero agravado por el fenómeno de El Niño tiene al país en medio de amenazas reales de más inflación, menor crecimiento y dos déficits muy altos, uno fiscal y el otro de cuenta corriente.

Por ello aparece un tercer desafío que se vuelve fundamental. Se trata de administrar con sabiduría, coraje y capacidad de escucha este año 2016 en materia económica. En nada ayudan a lo anterior las filtraciones buscadas o no de algunas recomendaciones puntuales de la comisión de reforma tributaria estructural, la venta de Isagén sin haber satisfecho plenamente las dudas que existían y con un solo oferente, o eventuales aumentos de IVA en un año en el que la inflación causada es muy alta en referencia al incremento del salario mínimo.

El 2016 puede ser un año histórico para la construcción de esperanza en la juventud de un país que clama por la finalización de uno de los conflictos internos más largos en la humanidad. La sociedad necesita una Colombia que empeice una nueva etapa como nación con más justicia, equidad, competitividad y sin Farc.

Lo que no nos puede pasar es que por decisiones equivocadas en el frente económico o poco cuidadosamente estudiadas y balanceadas, terminemos sacrificando y echando por la borda el dividendo de un país sin conflicto. El plebiscito, por ejemplo, no será inmune a las decisiones económicas.

Naturalmente sabemos que el escenario de acuerdos implica recursos adicionales, pero la reforma tributaria estructural debe no sólo abordar el tema de más impuestos, sino también compromisos efectivos y reales en la reducción del gasto público ineficaz y con intereses más políticos que sociales, de enfrentar la corrupción y la evasión, todo a su vez reconociendo que de ninguna manera las decisiones que se tomen destruyan los logros sociales de los últimos 12 años en reducción de la pobreza, en disminución del desempleo y en construcción de una nueva clase media.

 

[email protected] / @jrestrp

 

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2016-01-16T20:03:18-05:00

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