Por: Salomón Kalmanovitz

El impacto del No

Un voto contra los acuerdos de paz arrojaría al país a una espiral de incertidumbre política y económica.

El equipo negociador del gobierno abandonaría La Habana y habría que esperar a un próximo gobierno para reanudar el proceso. Especulemos más: el presidente quedaría muy debilitado y sería posible que renunciara a favor del vice, quien se vería impedido para participar en la contienda electoral de 2018. No habría reforma tributaria y el país sería degradado por las agencias calificadoras de riesgo, precipitando una salida de capital. La economía caería en recesión hasta que surgiera una sucesión política que garantice cierto orden y contara con suficiente consenso.

La posición de Uribe de renegociar los temas de castigo y de participación en política no es admisible para los guerrilleros que han invertido cuatro años en lograr sus reivindicaciones y que no pueden aceptar el dejamiento de las armas para pagar largas condenas de cárcel. Menos es aceptable para ellos que se les prohíba participar en política, cuando fue precisamente su percepción de que la política les era vedada los que los llevó a la lucha armada.

El guiño del expresidente Uribe a la guerrilla es a favor de la impunidad de sus propias huestes y de convocar una asamblea constituyente que les preste seguridad jurídica a los acuerdos (para la guerrilla) y le devuelva a Uribe la opción de ser presidente por tercera vez. Nada de esto es verdaderamente viable mientras no exista una sucesión política que adopte este plan y no se sabe qué posición al respecto tomen las Farc.

Lo más evidente es que se fortalecería la extrema derecha, que intensificaría sus tácticas de matoneo frente a sus enemigos liberales, izquierdistas, agnósticos y comunidad LGTB que les habrían arrojado tantos réditos políticos. Se perdería la esperanza que ha despertado el proceso entre las víctimas del conflicto por ser reconocidas y resarcidas. Aunque ha habido poco progreso en la restitución de tierras por parte del Gobierno, sería mucho más difícil adelantar esta tarea después del desmoronamiento de la negociación. La posición de Uribe ha sido la de desconocer a las víctimas, en especial a aquellas que fueron responsabilidad de la Fuerza Pública, como el de los llamados falsos positivos que resultó de los perversos incentivos introducidos por su administración para premiar las bajas en combate.

Colombia es el último país de América Latina con conflicto armado y dónde gobiernan las oligarquías tradicionales, lo cual no es accidental. Aun si triunfa el Sí en el plebiscito, esta situación no cambiaría por mucho tiempo, dadas las reglas electorales que benefician a los barones electorales y al sistema clientelista sobre el cual está basado el régimen político. Asimismo, tomaría tiempo implementar el nuevo catastro anunciado pero no ejecutado hace ya cuatro años y lograr que los grandes propietarios paguen impuestos.

Lo que sí es posible es que los acuerdos y el fin del conflicto contribuyan al surgimiento de nuevas fuerzas políticas, una vez superada la extrema polarización a que nos hemos visto sometidos por tanto tiempo, perdiendo terreno los extremos del espectro político. Es que sin guerra el Centro (no)Democrático perdería su razón de ser y, al mismo tiempo, sería difícil para la izquierda asociada a las Farc lograr un apoyo sólido entre el electorado. Sería el momento de la esperanza para los partidarios de las reformas democráticas.

 

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