Por: Saúl Franco

El mínimo vital de la paz

Si en su sentido más amplio la paz es la convivencia tranquila de las personas en una sociedad equitativa que garantice los derechos y resuelva sin violencia sus diferencias, en su sentido más reducido la paz consiste en que al menos no nos matemos por las diferencias inevitables.

Hechos recientes, cada vez más frecuentes, nos vienen demostrando que en Colombia todavía no logramos el mínimo vital de paz. Peor aún, que justo cuando algunos creen que empieza a asomarse “el sol de la paz”, se ciernen sobre ciertos sectores de la poblaciónoscuros nubarrones de amenazas y asesinatos selectivos. 
Las cifras son diferentes, pero todas alarmantes. Según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre enero y noviembre de este año se presentaron en el país 52 homicidios y 35 amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Según la organización Cumbre Agraria, las cifras son mucho mayores: 94 asesinatos, 46 atentados, 5 desaparecidos y 302 amenazas. De ser así, tendríamos en 2016 las cifras más altas de los últimos 6 años, y 31 asesinatos más de líderes y defensores de derechos humanos que en 2015. Con tres agravantes muy significativos. Uno: que en el primer día del cese bilateral de hostilidades entre el gobierno y las Farc, fueron asesinados 3 líderes campesinos del Cauca y 2 indígenas awa en Nariño. Dos: que la cuarta parte de los asesinatos se produjeron después de la firma inicial de los acuerdos de paz. Y tres: que casi la totalidad de los casos se han presentado en los departamentos más duramente golpeados por la guerra interna.

No parece entonces tratarse sólo de la inercia de la violencia en el país. Tanto el carácter de las víctimas – líderes indígenas y campesinas, defensores de sus territorios y opositores a la depredación minera, militantes de organizaciones sociales y partidos y movimientos de izquierda - como el de los asesinos y la geografía de los crímenes, parecen indicar que se trata de una reactivación programada de las varias modalidades del paramilitarismo. Algunas de ellas obedecen seguramente a las orientaciones de los enemigos agazapados o desenmascarados de la paz, denunciados desde los primeros intentos de frenar la guerra a principios de los ochenta, y envalentonados ahora con el sorpresivo triunfo del NO en el plebiscito del pasado 2 de octubre.

Pero no basta con señalar al paramilitarismo y a quienes quieren seguir ganando política o económicamente con la guerra. Hay que mirar también hacia adentro. De un lado, persiste una sensible ausencia del Estado en aquellas regiones del país en donde más se registran estos hechos de violencia. No sólo se requiere presencia militar y policial, sino también obras de infraestructura y acciones efectivas de justicia y servicios básicos. De otro lado, es urgente superar cuanto antes las dificultades jurídicas y políticas que vienen aplazando tanto el cumplimiento de lo acordado en seguridad para los líderes sociales y los excombatientes, como el esclarecimiento de lo sucedido, la reparación de las víctimas y la aplicación de la justicia a los responsables. Sólo en ese nuevo clima será posible iniciar las reformas en el ordenamiento agrario, la participación política y los sistemas financiero, educativo y de salud, necesarias para darle bases sólidas a la paz.

El peor escenario que nos podría esperar sería una especie de reedición del exterminio de la Unión Patriótica. Aunque ya se sienten pasos de animal grande, como los enunciados anteriormente, estamos a tiempo no sólo de impedirlo, sino de ganarle espacios a la convivencia civilizada, al respeto a las diferencias y a la superación de las inequidades. Partiendo, claro está, de garantizar a toda costa el mínimo vital de la paz: el respeto absoluto a la vida. 

*Médico social. 

 

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