El pos-Isagén

Independientemente de la oportunidad de la venta en este momento de tanta polarización política es claro que el Gobierno fracasó en comunicar adecuadamente a la ciudadanía la conveniencia de su decisión.

Por: Jaime Millán Ángel *

El Gobierno sobrestimó el conocimiento que la ciudadanía, y en particular los formadores de opinión, tenían del contexto en el que se tomaba la decisión: el marco jurídico e institucional del sector eléctrico y las razones para su adopción después de las crisis del sector bajo el modelo estatista vigente hasta las postrimerías del gobierno Gaviria en 1994.

El modelo vigente del sector eléctrico colombiano se basa en el convencimiento, surgido de la crisis del modelo estatista que condujo al racionamiento de 1992, de la necesidad de separar los papeles del Estado en el sector: como definidor de políticas, como regulador y como empresario, además de aceptar la participación del sector privado. Estos principios se apoyan en la Constitución del 91, según la cual, si bien el Estado es responsable en última instancia de la prestación del servicio, éste puede delegarla al sector privado; las funciones de regulación y vigilancia las estableció en un organismo independiente.

En el modelo anterior se confundían el ejecutivo y las empresas; las políticas eran definidas por éstas sin mayor vigilancia por la calidad del servicio y su respeto por el medio ambiente. En el nuevo modelo las políticas se definen por el legislativo a manera de leyes y por el ejecutivo a través de decretos.

Así, la participación de la energía renovable en la canasta energética no es el producto de la voluntad de una empresa sino de los incentivos provistos en las leyes y sus reglamentos. El cuidado del medio ambiente es obligación de todas las empresas ya sean de propiedad pública o privada bajo las directrices de la legislación y vigiladas por las autoridades ambientales de orden nacional y regional.

Los generadores de energía, independientemente de su propiedad, no pueden operar a su arbitrio. Su comportamiento operativo y desempeño financiero están sometidos a las normas expedidas por la Comisión de Regulación de Energía, CREG, y sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD. Los menores precios se obtienen mediante competencia entre empresas generadoras supervisadas por la SSPD y por la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de un mercado mayorista diseñado por el regulador, administrado y operado por XM, filial de ISA.

Isagén funciona en este mercado exactamente como una empresa privada, contando adicionalmente con un gobierno corporativo moderno como resultado de la participación de accionistas privados. Argumentos que defienden una supuesta independencia energética y rechazan la venta por un pretendido detrimento del patrimonio nacional son ideológicos y no tienen fundamentación factual o técnica.

Naturalmente que tanto la regulación como la idoneidad de las instituciones reguladoras y de vigilancia no es perfecta y se requiere remediar falencias, puestas en evidencia por crisis recientes. Desafortunadamente el Gobierno ha tardado en emprender estas reformas lo que pone en duda la capacidad de la CREG para efectuarlas sin un cambio importante en su constitución.

¿En lugar de atribuir a Isagén facultades que no posee, no sería más conveniente fortalecer nuestras instituciones y reformar la regulación para que puedan cumplir con sus funciones de incentivar a empresarios públicos y privados a generar energía limpia al menor costo? Y por supuesto, vigilar que los recursos de la venta se inviertan buscando el máximo beneficio nacional.

* PH.D en Planeamiento de Recursos Hídricos.