Por: Columnista invitado

En los Estados Unidos se vale insultar, aquí no tanto

A veces, al leer la prensa sobre la actualidad política nacional y extranjera, le queda a uno la sensación de que debe existir algún concurso mundial del discurso del odio, con premios irresistibles para los ganadores.

Por: Néstor Osuna Patiño*

De otro modo no se explicaría el alud de agravios, peroratas y sandeces ofensivas que lanzan algunos políticos en su quehacer cotidiano, como si los insultos fueran programas de gobierno o argumentos para el debate público. Donald Trump parece llevar la delantera con su estilo intemperante y revulsivo, pero en otros países, incluido el nuestro, hay también personajes que estarían encantados de subirse al podio con él.

Sin embargo, Trump sabe lo que hace: en los Estados Unidos la libertad de expresión incluye la protección de los discursos xenofóbicos, discriminatorios o incluso los que hagan apología de la violencia. La única limitación es la incitación directa a cometer delitos, siempre que además estén dirigidos a quien cuente con la capacidad real de cometerlos de inmediato. Por eso han sido protegidas por los jueces manifestaciones extremistas e irracionales, como el racismo del Ku Klux Klan o la homofobia de la Iglesia Bautista de Westboro, a pesar del sufrimiento desgarrador e inhumano que han causado.

En el resto del mundo democrático las cosas, sin embargo, no suelen ser así. Un caso resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2009 (Féret contra Bélgica) permite apreciar el contraste: un político, de apellido Féret, había repartido en su campaña electoral unos panfletos que contenían mensajes de odio contra los inmigrantes musulmanes. Por esos hechos la justicia de su país lo había condenado. El Tribunal Europeo, ante el cual acudió Féret para que se revocara la sanción, avaló el modo de proceder de la justicia belga, porque el discurso incitaba a la discriminación y al odio racial, asunto que no podía ser camuflado por el proceso electoral.

Además consideró, y ahí la diferencia con la jurisprudencia estadounidense, que no es necesario que el discurso contenga un llamado directo a cometer actos violentos o haya ocasionado perjuicios tangibles a alguna persona o grupo, pues su sola manifestación está prohibida. En palabras del Tribunal Europeo, “Los discursos políticos que incitan al odio basado en prejuicios religiosos, étnicos o culturales representan un peligro para la paz social y la estabilidad política en los estados democráticos”. Así las cosas, para proteger la democracia, tales discursos no están amparados por la libertad de expresión.

En Colombia, donde también somos dados a irnos de la lengua con cierta frecuencia, la libertad de expresión goza de una fuerte protección constitucional. La Corte Constitucional le ha dado prelación frente a otros derechos o bienes jurídicos que tienden a limitarla. Por eso en nuestro país no solo florecen expresiones literarias sublimes y discursos inteligentes, sino que también encontramos manifestaciones excéntricas, alternativas, políticamente incorrectas, e incluso ramplonas, chocantes y hasta ofensivas. Sin embargo, dos leyes recientes, la 1482 de 2011 y la 1752 de 2015, penalizan con cárcel hasta por tres años a quienes promuevan actos de hostigamiento contra personas o grupos tradicionalmente discriminados.

Estamos así en una línea media no exenta de sutilezas: en Colombia caben los discursos odiosos, pero siempre que mediante ellos no se promuevan actos de hostilidad (matoneo, segregación, atentados, amenazas, lesiones, desplazamiento, homicidios) contra ninguna persona o grupo. Para activar la persecución penal parece pertinente tener en cuenta un cierto umbral de gravedad, en especial, si se trata de discursos políticos, que por lo general no gozan de consenso y con frecuencia hieren susceptibilidades. Solo cuando se utilizan tales discursos para propagar prejuicios que acarrean el menoscabo de la dignidad de personas  o grupos, se estaría ante el delito de hostigamiento.

Bien harían nuestros políticos, entonces, en tomar prudente distancia frente a la verborrea desaforada que por estos días nos llega del norte, no vaya a ser que terminen entre abogados y barrotes, porque, definitivamente, no toda opinión es respetable, así provenga de alguien reconocido. Incluso algunas expresiones, como puede verse, son delictivas.

*Profesor de derecho constitucional
Twitter: @osunanestor

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