Por: Weildler Guerra

En manos de Barba Azul

La gran mayoría de los colombianos nos sentimos emocionalmente sacudidos por la muerte violenta de Yuliana Samboní.

Esta víctima reunía en sí misma todas las condiciones de la vulnerabilidad: niña, pobre e indígena, cuya familia se vio obligada a trasladarse a Bogotá por causa de la violencia que ha afectado vastas zonas rurales del país. Las agresiones que esta niña, de tan sólo siete años, sufrió en el transcurso de varias horas desde que se reportó su desaparición: rapto, tortura, violación y muerte por asfixia, indignaron al país. Todo ello puso en evidencia que las medidas tomadas hasta ahora por el Estado para prevenir la violencia contra las mujeres siguen siendo insuficientes.

Debemos reconocer que en muchos países de Latinoamérica vivimos en el reino de Barba Azul, ese personaje del cuento de Charles Perrault que asesinaba impunemente a sus esposas y cuyos cadáveres almacenaba en un cuarto sangriento. Diversos estudios sobre el tema del feminicidio en la región muestran que la mayoría de los asesinatos de mujeres por parte de personas conocidas, como sus maridos, novios, padres, y aquellos cometidos por personas desconocidas, poseen un sustrato común en la misoginia. Como lo afirmaran Diana Russell y Jane Caputi, estos actos constituyen “la forma más extrema de terrorismo sexista, motivada por odio, desprecio, placer o sentimiento de propiedad sobre las mujeres”. Por ello, el concepto de feminicidio tiene un carácter político que pretende develar el sustrato misógino de estos crímenes que usualmente pasan disimulados cuando se hace referencia a ellos empleando palabras comunes o neutras como homicidio o asesinato.

Los barbazules criollos pueden provenir de diversos sectores sociales. Bien pueden ser profesionales educados y pertenecer a familias socialmente reconocidas y de altos ingresos, como en el caso de Yuliana. También pueden ser oscuros personajes que aprovecharon el conflicto armado colombiano para dar rienda a sus depravados impulsos, como Pablo, el jefe paramilitar de bahía Portete, que asesinó a más de una decena de mujeres indígenas y desapareció a muchas más cuya suerte aún se desconoce. Esta conducta quizás recaiga en el concepto de feminicidio sistémico o corporativo que ha sido acuñado para el caso de Ciudad Juárez, en México, en donde centenares de mujeres jóvenes han sido secuestradas, violadas de manera múltiple y luego asesinadas sistemáticamente desde 1993 hasta hoy. En esa indignante y continuada impunidad se extravían las pruebas documentales, los procesos son obstruidos desde distintas instancias y los abogados de las víctimas sufren frecuentes amenazas y atentados.

Debido a ello, Colombia sigue con atención el caso de Yuliana Samboní. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha declarado que todos los pueblos indígenas de Colombia a una sola voz “exigimos justicia; no aceptamos argumentos ni acciones que intenten justificar o atenuar este horrendo crimen bajo el diagnóstico de salud mental o cualquier otro que conlleve a la impunidad del acto”. Es hora de aceptar con sinceridad y compromiso que la violencia contra las mujeres representa una violación a los derechos humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática.

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