En manos del marxismo leninismo

Hernán González Rodríguez
02 de diciembre de 2016 - 03:26 a. m.

Por las redes sociales circula un artículo firmado por Sergio Andrés Correa Buitrago y titulado “El presidente anunció cambios que no se ven en el Acuerdo” firmado en el teatro Colón, los cuales mencionó Santos por televisión el 12 de noviembre pasado e incumplió de inmediato.

El artículo se basa en una gran entrevista de cuatro páginas al coronel retirado John Marulanda, las cuales trato de resumir a continuación.

Capacidad para que revisen las Farc las hojas de vida de los funcionarios públicos de todas las instituciones del Estado. Así mismo, capacidad para que revisen las Farc los contratos, la doctrina y los propietarios de las empresas de vigilancia y seguridad privada. El presidente afirmó que se habían eliminado tales capacidades; pero estos dos delicados temas de seguridad pública aparecen intactos en el texto corregido.

Gravísimo que las Farc puedan decir "este me gusta, este no me gusta y este sale". O que las empresas de vigilancia y seguridad, como pasa en Venezuela con el Sebin y en Cuba con el G2, tengan que reportarles a ellos quién entra y quién sale.

Los organismos de seguridad territorial quedaron siendo autónomos, sin tener que informar nada ni a nadie sobre sus decisiones, a otra institución del Estado, lo cual es muy grave, ya que no pocos de estos organismos están situados en las fronteras con Ecuador y Venezuela.

Se van a entregar las armas sin obtener el número serial de ellas, número considerado como esencial en todas las entregas de armas. Porque nos permite esto tener la evidencia, la confirmación, de que proceden ellas, en especial, de Nicaragua, Venezuela y Ecuador.

Todos los problemas de seguridad de Latinoamérica se derivan o convergen en el narcotráfico. Colombia es, infortunadamente, el principal productor de cocaína en el mundo y tenemos en las Farc uno de los principales carteles de tráfico y producción de esta droga. La cocaína genera problemas de corrupción, violencia, revaluación del peso, contrabando y destrucción del tejido social. Todo lo referente al narcotráfico en los acuerdos firmados en el teatro Colón sigue siendo vago, impreciso.

Para iniciar, no posee el Estado colombiano suficiente dinero para sostener la cantidad de jóvenes que militan en las Farc y que tienen un ingreso por narcotráfico muy superior a lo que el Gobierno les pueda ofrecer, porque la demanda de cocaína está en alza por doquier.

Ahora bien, la sustitución de cultivos, por ejemplo, cambiar los cultivos de coca por los de zanahoria, sí puede ser benéfica para los campesinos. Pero para el guerrillero raso no es negocio, porque no vive él de eso; el guerrillero vive del narcotráfico y este no se va a acabar. Se va a incrementar mientras no se fumigue de veras y con glifosato.

Según registros del propio Gobierno, han impedido las Farc en no menos de 400 oportunidades en lo corrido del año, que puedan los erradicadores cumplir su misión. En comunicado de las Farc desde Uribe, Meta, afirmaron que va contra el punto 4 del Acuerdo de paz sobre las drogas ilícitas, la sustitución de cultivos de uso ilícito, el programa que entrega $750.000 cada dos meses por finca que sustituya sus cultivos de coca. Es un engaño a las comunidades, declararon, puesto que este programa debe comprender, además: formalización de la propiedad, adecuación de tierras, riego, asistencia técnica, créditos, comercialización, salud, educación, vivienda y servicios básicos. Pregunta final, ¿será posible la paz con tan azarosas y confusas concesiones y programas?

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