Por: Santiago Villa

Entre la legitimidad y la violencia

El proceso de refrendación del acuerdo de paz genera importantes controversias éticas, pero es urgente implementarlo.

Como tantas veces en Colombia, los extremos conviven. Entiendo que en el actual contexto nacional sea importante apoyar el acuerdo de paz y proteger su legitimidad. Los embates de los enemigos del acuerdo -cuyos líderes políticos han sido tan oportunistas, irracionales e intransigentes que sin reservas los llamo los enemigos de la paz-, debilitan la institucionalidad del país llamando a revocar el Congreso y a desconocer lo firmado.

Sin embargo, no me siento del todo cómodo uniéndome al coro de voces de celebración que ignora las anomalías democráticas que fueron la respuesta a la victoria del "No"; o incluso el acto mismo de convocar un plebiscito en el que era imposible aceptar e implementar dicho resultado.

Tienen buenos motivos para estar frustrados aquellos votantes que se oponen a este acuerdo porque creen que es perjudicial para Colombia, y que por eso acudieron a las urnas el domingo 2 de octubre para decir "No".  Sus expectativas de un nuevo acuerdo eran mucho más altas que esto: una segunda versión del mismo acuerdo.

Si bien es nuevo según una estricta definición de derecho, pues hay cambios -cuando se altera cualquier punto de un contrato, al segundo se lo llama un nuevo contrato-, luego de compararlos página por página, pienso que empleo de forma elástica la palabra "nuevo" al llamarlo así.

Con respecto a su refrendación, la Corte Constitucional sentenció que si ganaba el "No", un nuevo acuerdo podía llevarse a plebiscito, pero no que tenía que llevarse a plebiscito. Esto quiere decir que el Congreso es una institución legítima. La maniobra del gobierno no es ilegal, aunque tampoco es un procedimiento democrático ejemplar. Tiene, sin duda, complicaciones éticas.

¿Qué utilidad tiene ahondar en ellas? ¿Hacerlo sería fortalecer la posición, esa sí ilegítima e ilegal, de no implementar este acuerdo o de revocar el Congreso? ¿Es preferible hacer caso omiso de no haber vuelto al constituyente primario, el pueblo, para ratificar el acuerdo, sino acudir a un constituyente derivado, el parlamento, porque al tener mayorías gobiernistas su victoria estaba asegurada? Este no es un problema ético menor.

No obstante, al plantearlo y desmenuzarlo tampoco puedo acallar una voz burlona que me recuerda cuando los "sabios doctores de la ley, probados alquimistas del derecho ahondaron en hermenéuticas y silogismos"; cuando durante "horas interminables se llenaron de palabras, palabras que repercutían en el ámbito de la república, aprestigiadas por los altavoces de la letra impresa. Hasta que alguien dotado de sentido de la realidad en aquella asamblea de jurisconsultos asépticos, interrumpió el blablablá histórico para recordar que el cadáver de la Mamá Grande esperaba la decisión a 40 grados en la sombra".

En este caso, son las tropas de las Farc, con las armas en la mano, y el ejército rodeándolos, los que esperan una decisión a 40 grados en la sombra. Y más incluso que ellos, merecen una decisión y su implementación los millones de colombianos que han tenido que aguardar a 40 grados en la sombra el fin de la guerra, para poder transitar por sus veredas sin temer el fuego cruzado o pisar una mina.

Es cierto, no habrá triunfado el acuerdo original por la puerta grande de Cartagena, después de su primera firma, cuando vinieron presidentes de todo el continente y el ex-rey del ex-imperio; sino por la lateral, en el modesto Teatro Colón, muy apropiado para la tragicomedia que ha sido este acuerdo desde su estreno hasta su noche de cierre, después de correcciones de afán y una fé de erratas para meter los micos de último minuto, porque Colombia siempre será Colombia, sobre todo en el día más trascendental para su júbilo inmortal. No habrá sido aprobado por la rugiente voluntad popular, sino por el enmermelado Congreso nacional; pero tendremos que cargar y reconocer ese acorde disonante por la irresponsable arrogancia de convocar a plebiscito un obtuso documento jurídico de 300 páginas, el más importante desde la Constitución de 1991.

Hay que aceptar que no había una manera más expedita de desmovilizar a las Farc que evadiendo la refrendación popular. Y que si bien no fue el procedimiento ideal, era un imperativo histórico. Ahora que los miembros de las Farc por fin entran a la legalidad y dejan las armas, una esperanza que parecía inalcanzable desde que tengo uso de razón, la prioridad es proteger su vida, porque es evidente que los cañones de la ultraderecha los tienen en su mira.


Twitter: @santiagovillach 

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