Por: Antieditorial

A grandes problemas, grandes soluciones

El editorial del viernes 4 de noviembre, “Cuidado con La Guajira”, si bien trae a discusión de los colombianos el tema de la combinación pobreza-corrupción y resalta la ausencia de la Misión de Observación Electoral (MOE), se queda tibio porque no propone a los colombianos alternativas para terminar de una vez por todas con esas mafias enquistadas en las regiones por virtud y mérito de la elección popular de autoridades locales.

Por Norman Augusto Mesa Lopera

El ensayo de 1988, de dejar en los ciudadanos la tarea de nominar a quienes deban gobernar en los departamentos y municipios, estuvo bien concebido y hoy, 28 años después, se han hecho ligeros ajustes, más de forma que de fondo. Así que ya va siendo hora de que nuestro estado sea más exigente.

No puede ser que familias, clanes de delincuentes, se atornillen indefinidamente y justo lo hagan en aquellos departamentos y regiones en los que no son muy visibles, dado que la prensa bogotana —que es la más leída, escuchada y respetada— no tiene la presencia que sí tiene en su feudo y en las grandes ciudades.

Que el Gobierno nacional hubiera encargado a Jorge Enrique Vélez de manera temporal de esa gobernación debería ser el anticipo de reformas, vía leyes de la República, que apunten a cerrarles el paso a los corruptos e incompetentes. Recordemos que, al ser “populares”, los personajes que llegan a esos cargos, muchas veces, carecen de la idoneidad y ética que el país pensante demandaría como para esperar que puedan ser enlaces humanos que sí verdaderamente implementen políticas y desarrollen programas sociales de cobertura nacional sin que se aprovechen de su elección por el constituyente primario para hacer y deshacer.

Que grupos de ciudadanos promuevan el voto en blanco es interesante, pero Colombia debería recordar que sólo hasta 2011, en Bello, Antioquia, triunfó como para dejar inhabilitado al candidato único a ser alcalde de esa población. Y el caso de las muertes por desnutrición infantil, con que nos alimenta casi a diario la prensa caribeña, no da espera como para que ese sea el mecanismo que alivie la situación de La Guajira.

Ya, rápido, con la prontitud con la que el Congreso aprueba leyes que el Ejecutivo propone con carácter de urgencia, deberían pensar en la regulación de inscripción de nombres como aspirantes a gobernadores y alcaldes y elevar el nivel de exigencia de su desempeño, tanto en lo operativo como en lo ético. Fue al excesivo centralismo al que se le hizo el quite cuando se instauró la elección popular, pero qué bueno saber que, por instrucción del gobierno central, existan, en determinados municipios y gobernaciones —con evidentes síntomas de corrupción sistemática— personas que ayuden a sintonizarlos con la Nación, pero además que ayuden a visibilizar comportamientos malsanos que atentan contra la administración pública, especialmente contra sus recursos.

A las regiones hay que acompañarlas más.

 

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