Por: Daniel Emilio Rojas Castro

Historia de una infamia

El navío petrolero Probo-koala descargó 581 toneladas de desechos tóxicos en Abidjan, provocando una tragedia humana y ambiental sin precedentes.

Matriculado en Panamá y alquilado por la compañía suiza Trafigura, el barco ancló en el puerto de Abiyán en agosto de 2006 y descargó 581 toneladas de desechos tóxicos en la ciudad, provocando cerca de 100.000 víctimas entre las que se cuentan 17 muertos y 40.000 intoxicados. La operación se llevó a cabo con la anuencia de varios miembros del gobierno marfileño y a través de compañías locales como Puma Energy, que trata desechos y está vinculada a numerosos holdings de explotación petrolera de Panamá, Inglaterra y Dubai.

Cuando explotó el escándalo, el holding holandés al que pertenece Trafigura declinó cualquier responsabilidad por lo ocurrido, pero le propuso al Estado marfileño 152 millones de euros para que renunciara a cualquier tipo de persecución judicial ante los estrados europeos o ante la justicia internacional. La oferta fue aceptada y el gobierno guardó silencio frente a la catástrofe humana y ambiental.

Según la agencia Africa News, el jueves pasado la justicia británica emitió una sentencia para que se hiciera efectiva una indemnización a las víctimas, que se había acordado desde 2009, pero que aún no se había pagado totalmente. La decisión, que debe mucho a la presión de diversas ONGs de ambos continentes, significa una ayuda mínima para las decenas de miles de personas afectadas por los desechos, pero parece un paño de agua tibia si se piensa en la dimensión del problema.

La movilización de los recursos para las víctimas no puede ocultar el trasfondo de injusticia e impunidad que abraza todo el esquema de negocios de Trafigura, y más generalmente, el dispositivo financiero y legal que permitió que los desechos se descargaran en un país del Africa negra. Sobra decir que el cálculo de las directivas de la compañía se basó en una geografía de la discriminación que presupone que la indignación que tales delitos provocan es proporcional a la importancia del lugar en el que se cometen.

Saber que una larga cadena de personas sabía lo que estaba sucediendo a medida que el barco atravesaba el océano es terrible; constatar que muchas de esas personas eran totalmente conscientes de las implicaciones que el desembarco iba a tener en la vida de los cinco millones de habitantes de la principal ciudad de Costa de Marfil es horrible; evidenciar, enfin, que para el momento en que esta columna se escribe no hay ni un sólo proceso penal contra alguno de los responsables de la tragedia es todavía peor. ¿Con qué argumentos oponerse a quienes desconfían de los resultados de la próxima COP22 de Marrakech si Africa sigue siendo el botador de basura del mundo civilizado? ¿Para qué obligar a la gran industria a limitar sus cuotas de producción de CO2, si existe un sistema legal y financiero que le permite llenar un navío de desechos tóxicos y enviarlos a la costa africana sin que ningún responsable pague por ello?

Las directivas de Trafigura trataron de reducir los costos del tratamiento de los desechos provocando muertes, irrespetando la ley y demostrando que la ética empresarial se diluye cuando se trata de aumentar el margen de ganancia. Parte de la responsabilidad de todo este asunto recae en los gobiernos de Laurent Gbagbo, de su sucesor, Alassane Ouattara, y de los empresarios marfileños que aceptaron recibir unas migajas sin valor en comparación con el costo humano y la tragedia ambiental que produjeron los residuos.

Si el daño para las víctimas ya fue evaluado, todavía se desconocen las consecuencias que los fluidos y los gases tóxicos tendrán sobre la ciudad en los años venideros. Hasta ahora no hay ningún estudio que pueda identificarlas. A pesar del dinero que las víctimas recibirán, la historia de esta infamia no tiene final feliz porque a pesar de haber provocado una de las catástrofes ambientales más grandes de la Costa de Marfil, Trafigura no se ha retirado de allí y continúa disfrutando de las ventajas financieras que el gobierno pone a su disposición.

 

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