Por: Eduardo Sarmiento

Hora de recriminaciones

El Gobierno cuestionó la decisión del Banco de la República de elevar la tasa de interés. El presidente de la Andi atribuye el desempeño del sector a los gobiernos que hace 25 años abandonaron la política industrial con la anuencia del gremio.

Las firmas calificadoras de riesgo que hace un año presentaban la economía colombiana como la más sólida de la región procedieron a recortar las calificaciones aduciendo bajos índices de actividad productiva y los elevados déficits en cuenta corriente y fiscales.

En esto han tenido una clara responsabilidad los expertos oficiales y los centros de estudio cercanos que se han resistido a reconocer el pésimo desempeño de la economía. A principio del año predecían en coro que el producto crecería por encima del 3 % y que al final del año se normalizaría. A mitad del año ha quedado en descubierto el desatino. Los indicadores de la actividad productiva, como la demanda de energía, las ventas del comercio, las ventas de cemento y las exportaciones registran índices negativos. Los principales sectores, representados por la industria, la agricultura, la minería, la construcción y el comercio, crecen en conjunto por debajo de cero. La economía ha entrado en un sendero de crecimiento de 2 %, con visos a descender.

La situación más lamentable es la del empleo. Durante varios años se presentó como la variable estrella. Se generaban más de 600 mil puestos de trabajo anuales. Las condiciones cambiaron drásticamente. En los últimos meses el empleo creado es inferior a 150 mil. Así, la ocupación crece por debajo de la población y el desempleo regresó a la tendencia creciente. La síntesis es lamentable. ¿Qué ocurrió? La economía viene de un proceso de deterioró de diez años que ha sido ocultado o ignorado. En esta columna, durante dos años, se ha mostrado que la economía es víctima de serios desajustes causados por los desaciertos de la política económica. Primero, el modelo de desarrollo basado en la locomotora de la minería. La operación durante diez años en revaluación y la caída del precio del petróleo le causaron al país un déficit en cuenta corriente del 6 % del PIB. Segundo, la devaluación causada por la escasez de divisas coincidió con una caída de las exportaciones y no afectó el déficit en cuenta corriente, y lo peor, determinó la elevación de la inflación. Tercero, subir la tasa de interés no bajó inflación mayormente y generó una fuerte contracción del crédito.

La economía quedó expuesta a un desbalance macroeconómico en el que el déficit en cuenta corriente es mayor que el déficit fiscal más el incremento del crédito. El ingreso nacional es superior al gasto y la diferencia se refuerza provocando la caída de la actividad productiva y el empleo. Todos los indicadores de liquidez, como el crédito, los medios de pago y los títulos de ahorro crecen por debajo de la inflación.

Los actores de la crisis no van más allá de culpar a los demás. El presidente Santos no señala cómo se reemplazará el alza de la tasa de interés, la Andi no concreta la forma como se sustituirá el libre mercado por la política industrial y las calificadoras de riesgo presentan como solución la reforma tributaria basada en la elevación del IVA, que sería peor que la enfermedad, porque acentuaría el balance macroeconómico y acentuaría las fuerzas contractivas. Sin hacerlo explícito, perciben el fracaso del modelo económico de libre comercio y TLC, tipo de cambio flotante y alza de la tasa de interés para controlar la inflación. Pero se resisten a aceptar que la solución es un nuevo marco institucional de política industrial y agrícola que les dé prioridad a los bienes de mayor demanda, la intervención en el mercado cambiario y la baja de la tasa
de interés.

 

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