Por: Antieditorial

Igualdad tributaria y libertad de cultos

Al realizar control de constitucionalidad a la Ley 20 de 1974 (Concordato de 1973) —en especial en lo referente al artículo XXIV—, señaló la Corte Constitucional que los efectos pactados entre las partes contratantes se extienden, por principio de igualdad, a las demás confesiones religiosas, teniendo en cuenta que la libertad de cultos es una norma constitucional cuyo ámbito de aplicación es nacional (Sentencia C-027-93).

Por Lukas Grande Jiménez

Esto constituyó una conquista social de las minorías religiosas históricamente discriminadas por el Estado colombiano, que durante la vigencia de la Constitución de 1886 patrocinaba a la Iglesia católica; lo que se traduce en la consecución de un mínimo valioso que, en la órbita del Estado social de derecho, no puede ser desconocido, ni de lo cual pueden predicarse retrocesos legislativos, administrativos o jurisprudenciales, sino que, en aras de garantizar la dignidad humana, se busca mejorar del contenido de los derechos fundamentales, tal cual sucede con la comunidad LGTBI de nuestro país: no puede ser desconocido, bajo el paradigma impuesto por la Constitución, que una pareja del mismo sexo pueda adoptar o contraer matrimonio.

Así, en lo referente al primer y segundo argumento del editorial “Impuestos para las iglesias” (El Espectador, 09/10/2016), la causa de las exenciones tributarias a favor de las confesiones religiosas es que, en el pasado, el Estado confirió un trato preferente a la religión católica que en la actualidad se extiende a los demás credos. Luego, establecer un juicio de igualdad entre organizaciones laicas y confesionales sería como “confundir peras con manzanas”, puesto que esto sólo procede entre iguales bajo iguales condiciones, entre credos religiosos. Si el Estado nunca hubiera celebrado el Concordato de 1973, no se conferirían estos privilegios porque Colombia es un Estado laico y pluralista (Sentencia C-350-94); pero la realidad es que existe una norma de orden legal que beneficia a una confesión y que, por interpretación de la Corte Constitucional, sus efectos son extensibles a otras confesiones por principio de igualdad. Así las cosas, hay justificación constitucional.

Referente al tercer y cuarto argumento, la exención tributaria a favor de las entidades religiosas está orientado a que éstas, en tanto entidades sin ánimo de lucro, difundan y faciliten la práctica de sus ritos (Sentencia T-700-03). Sin embargo, no puede ocultarse que muchas congregaciones (“megaiglesias”, diría yo) se apartaron de su esencia para ocuparse de una masiva captación de dinero del público o de la conquista de espacios en la política. Más que suprimirlas, es conveniente imponer mediante ley una “responsabilidad social eclesiástica”, por la cual las confesiones religiosas se obliguen a destinar sus recursos a la ayuda social o a la prestación de los servicios de educación y salud, además de la difusión de su culto religioso —tal como sucede a nivel nacional e internacional con confesiones como la presbiteriana y bautista, entre otras— y así volverlas a su cauce natural, lejano de discusiones políticas y de un enriquecimiento a costa de la incauta fe del pueblo.

@Lukano12

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