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Impuestos y la plata del posconflicto

Armando Montenegro
26 de junio de 2016 - 02:00 a. m.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es la carta de navegación de las finanzas públicas y, en esta coyuntura, en sus cifras se encuentran respuestas, a veces en forma implícita, a muchas de las preguntas que han venido haciendo los analistas sobre el tamaño del déficit, aumentos de impuestos, gastos del posconflicto y otros temas.

Lo primero es que el MFMP adopta metas del déficit fiscal para el resto del período presidencial: un 3,3% del PIB para 2017 y un 2,7% para 2018. El ministro de Hacienda, además, ha reiterado que el Gobierno, como un todo, se encuentra comprometido con estas cifras y que sus distintas decisiones apuntan a mantener las limitaciones impuestas por la regla fiscal.

La fijación de estas metas tiene importantes consecuencias sobre los planes del Gobierno. Para lograr un déficit del 3,3% del PIB en 2017, con la estructura de recaudos tributarios vigente, sería necesario imponer una draconiana reducción de la inversión pública para que no supere el 1% del PIB en ese año (la inversión pública fue del 3% en 2014 y se estima que será apenas de un 1,9% del PIB en 2016). Como estos bajísimos niveles son claramente insuficientes frente a las necesidades del país, la única manera de aumentar la inversión pública a partir del año entrante y, al mismo tiempo, cumplir las metas fiscales será elevar los recaudos tributarios en los próximos meses. El mensaje es claro: si los Ministerios, las regiones y líderes de programas bandera del Gobierno quieren más recursos de inversión, tendrán que apoyar el incremento de los impuestos. El MFMP es una invitación indeclinable a que todos empujen el carro del ministro de Hacienda.

Pero esto no es todo. Una lectura cuidadosa de las metas del MFMP permite concluir que los gastos del posconflicto, aunque sus cifras no fueron incluidas en este ejercicio, tendrán que acomodarse dentro de las metas fiscales del 3,3% y el 2,7% del PIB para 2017 y 2018. Los recursos para la financiación del posconflicto, entonces, tendrán que surgir de dos fuentes: (i) de la mayor inversión pública que podrá ser financiada con la reforma tributaria (algún publicista palaciego podría acuñar una frase como los “impuestos para la paz”); y (ii) de la necesaria e inevitable recomposición de los gastos de los Ministerios que estarán al frente de los programas del posconflicto, especialmente el de Agricultura (cuyos programas de inversión hoy están fuertemente concentrados en el otorgamiento de subsidios directos a grandes productores).

En conclusión, el MFMP despeja dudas y traza el camino del manejo económico en el resto del período presidencial. Ya estamos avisados de que los impactos financieros de los grandes asuntos que se discutirán en el segundo semestre —la tan anunciada reforma tributaria y el diseño de los programas del posconflicto— tendrán necesariamente que acomodarse dentro de las restricciones presupuestales impuestas por la regla fiscal y los demás imperativos macroeconómicos. Si esto se consigue, la economía colombiana no sólo habrá superado exitosamente la crisis de la caída de los precios petroleros, sino que habrá incorporado a sus cuentas fiscales los efectos de las decisiones sobre la paz, y todo esto de una manera consistente con el tradicional buen manejo económico que ha caracterizado al país durante varias décadas. Un logro notable.

 

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