Por: Rodolfo Arango

¿Impunidad?

Corría el año 2008. Le pregunté a un renombrado filósofo del derecho alemán su opinión sobre la Ley de Justicia y Paz.

La Corte Constitucional no había corregido aún su extrema injusticia con las víctimas. Su respuesta fue como un golpe en la cara. Dijo que la impunidad había reinado en Alemania y que la reconstrucción había sido posible gracias al proceso de “desnazificación”. A excepción de sonados casos de escarmiento público, entre ellos los juicios de Núremberg o de Eichmann en Jerusalén, la gran mayoría de los crímenes habían quedado en la impunidad. Recuerdo mi malestar, pero también la sensación de aprender de la experiencia ajena sin necesidad de repetirla.

La misma sensación la tuve siete años después en un foro sobre paz y reconciliación. Un académico y amigo, exiliado de la dictadura argentina en España, defendía el derecho a olvidar. En su intervención recomendaba, pese a los cambios del derecho internacional, olvidar las mutuas ofensas y crímenes. No pedía perdonar, sino mirar con esperanza al futuro y evitar embarcarse en una cacería de brujas para dar con los responsables. Ambas respuestas herían mis inclinaciones morales. Lo sorprendente era que vinieran, en momentos inesperados, de personas razonables y comprometidas con los derechos humanos.

Los negociadores del Gobierno y la guerrilla de las Farc han optado por un camino diferente en La Habana. En lugar de olvido, pretenden máximo esclarecimiento de la verdad. Han honrado a las víctimas. No han escogido el camino de la impunidad, como falsamente lo afirman los promotores del no. Si bien se espera una amplia y generosa amnistía para las bases, los altos mandos deberán someterse a la Justicia Especial de Paz: a cambio de toda la verdad recibirán restricciones a sus libertades por años, según lo determine el tribunal. En caso de mentir u omitir la verdad, pagarán largos años de cárcel. Los promotores del no hablan de impunidad; en realidad temen verse involucrados por delatores que acudan al tribunal especial de paz.

Colombia no ha optado por el olvido o las leyes de punto final. Tampoco podía ante el progresivo endurecimiento del derecho internacional frente a crímenes atroces o de lesa humanidad. No existe antecedente que exija cárcel por graves delitos contra los derechos humanos. La restricción efectiva de la libertad, la máxima verdad, la reparación y la no repetición, todos derechos asegurados por el mecanismo de justicia especial pactado, llenan los estándares internacionales y no instauran la impunidad. Tampoco lo hace la integración del tribunal de paz por organismos de prestigio como las Naciones Unidas.

Nadie podría pedirles a sectores de las Fuerzas Militares o familias de víctimas de las guerrillas perdonar u olvidar, sentimientos que sólo pueden emanar espontáneamente de sus corazones. Lo que sí es exigible a los promotores del no es no tergiversar los hechos al afirmar que los acuerdos conllevan la impunidad. A diferencia de otras experiencias históricas, como el silencio frente a los crímenes durante la guerra civil española, las partes han optado por buscar la verdad y renegar del olvido, por exigente y contraproducente que ello pueda ser para los ofensores.

Debemos, unos y otros, mirar esperanzados hacia el futuro. Aprender a convivir bajo la garantía de que nunca más consentiremos tratos atroces, inhumanos y degradantes. El sí en el plebiscito es un sí por sepultar para siempre el uso de la coerción armada por fuera de los cauces de las instituciones democráticas. Que la justificada desconfianza suscitada por los engaños propios de la guerra no mine las disposiciones necesarias para construir conjuntamente una sociedad democrática, justa y decente.

 

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