Iniciativa del gasto y control político

En un Estado de Derecho la razón de ser del Congreso es el ejercicio de la función democrática.

De sus competencias propias, consagradas en el artículo 114 constitucional, el control político constituye su función principalísima, más importante, si se quiere, que hacer las leyes y que reformar la Constitución. Los entendidos coinciden en que el principio del control es el principio democrático por antonomasia. Y, desde el punto de vista de la estructura del Estado, no hay institución mejor dotada para su ejercicio que el Congreso.

El control político no debe ejercerse sobre el Gobierno y la administración sino sobre todas las instituciones públicas, incluyendo los organismos autónomos, el Banco de la República, las empresas en que haya participación oficial y las mismas empresas privadas que ejerzan funciones públicas o estén relacionadas con los servicios públicos o estratégicos del Estado. En el escenario contemporáneo, la empresa privada tiene inmensos compromisos sociales y, como lo escribe Piketty, grandes responsabilidades frente a la creciente desigualdad que se registra el mundo.

Los Constituyentes del 91 quisieron rescatar la importancia institucional del Congreso y, por lo mismo, fortalecieron algunas de sus funciones y crearon la moción de censura. Este es un gran instrumento para ejercer el control político. Alfonso Palacio Rudas, un colombiano de excepción que lideró estas ideas en la Constituyente, encontró eco en los presidentes de la Asamblea, Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolf, así como en el ministro de Gobierno Humberto De la Calle.

La moción de censura se aprobó pero se está quedando escrita. El control político se encuentra descaecido casi por completo. El Gobierno –este y los anteriores— se controla a sí mismo a través de sus mayorías parlamentarias. Los congresistas son rehenes de un sistema perverso: Los auxilios parlamentarios o cupos indicativos, ahora conocidos con el curioso nombre de “mermelada” no sólo neutralizan el control que pueda ejercer el parlamento sino que son fuente inagotable y reconocida de corrupción creciente.

Los congresistas deben tener una iniciativa en el gasto que no dependa del gobierno de turno sino de la voluntad del Congreso, con partidas que el presupuesto señale en forma clara y sobre las cuales el parlamentario esté obligado a rendir cuentas públicas, sin perjuicio de los demás controles legales. Las normas en contra de ese tipo de iniciativa en el gasto y a favor de la “mermelada”, obran en contra de la democracia porque obran en contra del control político y a favor de una corrupción institucionalizada.

El tema es difícil. Muchos colombianos –con razón— tienen reservas frente al Congreso. El propio Gobierno y los medios estimulan esa desconfianza y desdibujan la pertinencia de este debate. La jurisprudencia se limita a establecer diferencias entre la ordenación del gasto propiamente dicha y las órdenes imperativas del Congreso al Ejecutivo para que incluya un gasto en la ley de presupuesto, lo cual sí podría ser inconstitucional. En cualquier caso la garantía de una iniciativa parlamentaria sobre el gasto que sea transparente, resuelve muchos de los problemas que causa la “mermelada” corruptora. Y el control político volvería por sus fueros, como arguyó el Constituyente del 91.

*Ex senador, profesor universitario, @inefable1