Por: Jorge Iván Cuervo R.

Isagén y la paz

Dice la ortodoxia económica neoliberal que el Estado debe dedicarse única y exclusivamente a las dos funciones que explican su origen histórico: proveer seguridad y justicia, y eso.

Todos los demás servicios y funciones pueden ser prestados de una manera más eficaz y eficiente por los privados, y el Estado debe restringirse a velar porque esto se cumpla por medio de una estructura de regulación adecuada.

Este pequeño credo sustenta la política de privatizaciones que se vienen aplicando desde los años 80 del siglo pasado, como consecuencia de la crisis que empezó a vivir el Estado a finales de la década de los 70, y que trajo como consecuencia hiperinflaciones, déficit fiscal, quiebra de empresas púbicas y otros fenómenos que fueron enfrentados con las recetas del llamado Consenso de Washington. La imagen que hay detrás de este ideario es el de un Estado voraz capturado por diversos intereses políticos que hace imposible una asignación eficiente de recursos que refleje las preferencias de los ciudadanos, razón por la cual dicho reproche se extendió al sistema democrático, lo que explica que en América latina y el sudeste asiático las fórmulas más radicales y exitosas de neoliberalismo hubieran sido en el contexto de gobiernos autoritarios o de dictaduras.

El ejemplo de empresas públicas eficientes, como Codelco en Chile o EPM o Ecopetrol en Colombia, no ha sido suficiente para matizar el dogma privatizador. En el caso de Isagén, proceso que lideró el ministro de Hacienda –y no el de Minas, por ejemplo- la idea era conseguir recursos a como diera lugar para permitir apalancamientos financieros de las llamadas vías de cuarta generación, el motor de desarrollo que necesitaría el país para entrar de lleno en la modernidad que exige ser un miembro de OCDE. Los 6,5 billones de pesos recaudados en una subasta con un solo oferente -lo cual afecta el valor esperado por el Gobierno por encima del precio base- financiarán un porcentaje mínimo, como quiera que según el ministro Cárdenas, el Gobierno tendría que hacer aportes por 64 billones de pesos.

La participación mayoritaria del Estado en Isagén fue vendida a una banca de inversión canadiense que seguramente buscará en el corto plazo otro comprador que sepa del negocio –comprar barato y vender caro es su oficio- , en un clima de opinión bastante adverso en el que se vio esta operación como una medida innecesaria e inoportuna, en un momento donde la presencia del Estado para proyectos de expansión hidroeléctrica y sustitución hacia energías limpia, es más que estratégica. Pero contra los dogmas del mercado en manos de funcionarios que han pasado buena parte de su vida viviendo del Estado, no hay argumentos que valgan.

El panorama de 2016 no pinta bien en lo económico. La caída de los precios del petróleo afectará las finanzas públicas, y los vientos de mayor inflación y bajo crecimiento económico soplan en el horizonte. Una reforma tributaria parece inevitable, en especial para financiar los costos que demanda el posconflicto.

Existe una alta probabilidad de que el plebiscito por la paz que promueve el Gobierno para refrendar los acuerdos con las Farc se convierta en un escenario de aprobación de la gestión de Santos y, en ese sentido, una suerte de acto de rechazo al Gobierno. A eso le apostará el uribismo e incluso sectores de izquierda que consideran que la paz no puede ser al costo de profundizar las políticas económicas que critican.

Tendrá que hacer muchos malabares políticos el Gobierno para que esto no pase. Pero una cosa es clara, se necesita capital político, y Santos y Cárdenas en la venta de Isagén su jugaron una buena porción, sin ninguna necesidad.

@cuervoji

 

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