Por: Marcos Peckel

Justicia transicional: cal y arena

El paso de guerra a paz en una sociedad que ha experimentado un largo conflicto armado es un proceso de reingeniería de todos los componentes que forman la estructura social del Estado. La justicia transicional es sólo uno que en últimas tiene como objetivo lograr un compromiso entre la necesidad de pasar la página y la de no dejar en el olvido los estragos y atrocidades de la guerra, un compromiso entre el futuro y el pasado, entre las aspiraciones de las víctimas y las de una sociedad que quiere la paz.

En la dinámica social del siglo XXI, solucionar un conflicto implica tanto silenciar la armas como resarcir a la víctimas, conceptos que históricamente han navegado en direcciones contrarias. Para lograr el primero se hace imperioso hacer concesiones en el terreno de la justicia entendida en su concepción tradicional, una aplicación moderna y humanizada de la ley del Talión, un castigo a la altura del crimen cometido.

Los procesos de justicia transicional se han aplicado en dos instancias: el tránsito de dictadura a democracia y el de guerra a paz. En el primer caso ha sido posible aplicar mayores estándares de justicia tradicional a los responsables de atrocidades por ser la sociedad con sus movilizaciones la que causó el final de la dictadura, una especie de vencedor y vencido, tal como ocurrió en Argentina y Chile.

Por otro lado, la justicia transicional en acuerdos de paz enfrenta desafíos más complejos, intereses enfrentados entre víctimas y victimarios, entre la ley internacional y los acuerdos de fin del conflicto. En El Salvador, la justicia transicional creada tras los acuerdos de Chapultepec reflejaba el equilibrio de poder entre la guerrilla del FMLN y las fuerzas armadas: se privilegió la reconciliación entre los combatientes sobre la justicia a las víctimas, se marginó a la sociedad del proceso y finalmente el parlamento salvadoreño emitió en 1993 una ley de amnistía general que enterró la posibilidad de procesos judiciales, con lo cual, sin embargo, se facilitaba el tránsito a la paz.

En Guatemala, el mandato de la Comisión de Esclarecimiento Histórico fue más amplio, hubo mayor participación de la sociedad civil en el proceso de visibilización de las víctimas. La ley de amnistía no cobijó crímenes de lesa humanidad, se destacó la persecución a las comunidades indígenas y, sin embargo, con el paso del tiempo se perdió el ímpetu de la justicia transicional, que se quedó corta respecto a sus expectativas, y hoy las prioridades del país son otras.

La justicia transicional es un arte en construcción, por la compleja interacción entre los actores sociales. Algo se aprende de instancias anteriores, a la vez que se labran nuevos caminos, por lo que el intrincado y costoso sistema de justicia transicional que se ha negociado en La Habana podrá ser calificado únicamente tras los resultados, no a priori.

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