Por: Augusto Trujillo Muñoz

La Constituyente del post-acuerdo (II)

En Colombia las reformas constitucionales se hacen para que todo siga igual.

La Constitución del 91 alcanza ya unas cuarenta reformas tramitadas en el Congreso. La mayoría de ellas, en efecto, hizo posible que todo siguiera igual –como la de equilibrio de poderes- y las otras lograron que las cosas siguieran peor porque fueron auténticas contrarreformas. Las grandes ajustes institucionales del siglo xx –adoptados en 1910, en 1957 y en 1991- no se aprobaron en el Congreso sino a través de un plebiscito o de una Asamblea Constituyente. En 1936 el maestro Darío Echandía, la conciencia jurídica del régimen, propuso también una Constituyente para tramitar la reforma de la República Liberal, pero ante un congreso homogéneo el presidente López optó por la vía ordinaria.

Las constituciones son, hoy, pactos sociales que se suscriben para garantizar consensos. Por eso la fuente primigenia del derecho constitucional tiene que ser la realidad. En nuestros países esa realidad es compleja, dinámica, contradictoria y exige que el derecho se adapte a sus características. En consecuencia las constituciones no pueden ser camisa de fuerza y, por lo mismo, sus procesos modificatorios deben surtirse con relativa facilidad. La tesis de la rigidez constitucional es una lección mal aprendida.

En la antevíspera de firmar los acuerdos de La Habana, la prioridad nacional es hacerlos sostenibles en el tiempo. No importa mucho cuál sea el mecanismo de refrendación, pero se requieren ajustes institucionales ulteriores y presencia ciudadana. Sin ellos el post-acuerdo se rompe antes de haber aclimatado la paz. Tampoco allí aprendimos la lección: Después del plebiscito del 57 y luego de la Constitución del 91 la ausencia de país frente al desarrollo del proceso hizo que el sistema se cerrara sobre sí mismo, de manera que colapsó la paz suscrita en las urnas y, en ambos casos, renació la violencia.

Es necesario modificar el sistema electoral, superar el desbarajuste de la administración de justicia, revertir el proceso de recentralización que se viene acentuando en las últimas décadas. En efecto, el sistema electoral conspira contra la transparencia política y privilegia la democracia de partidos sobre la democracia de ciudadanos, con lo cual limita el alcance de la democracia participativa. Los procesos electorales exigen nuevas formas organizacionales y de financiación. Todo eso supone una reforma constitucional. El desbarajuste judicial atenta contra la cabal aplicación del derecho, contra la seguridad jurídica, contra la credibilidad general del ciudadano frente a sus instituciones. Por eso la estructura de la administración de justicia debe modificarse empezando por su cúpula múltiple pero, sobre todo, democratizando un aparato cuya cúspide funciona sin control y sin autocontroles, proclive a la influencia mediática, con un activismo político que desborda su naturaleza y deslegitima las decisiones judiciales.

Tampoco existe una autonomía territorial capaz de contribuir a garantizar la unidad en la diferencia. La paz es territorial. Pero cualquier pacto de paz se rompe si no se construye sobre vasos comunicantes entre instituciones y ciudadanos. El gobierno es rehén del sistema y, por eso, ni siquiera propone reformas que afecten el statu quo. Con la falacia del salto al vacío prefiere dejar que el país se siga descuadernando. Sin los ajustes enunciados es ilusoria cualquier certidumbre sobre el horizonte de la paz. Y ninguno de ellos es viable por fuera de una Asamblea Constituyente.

*Ex senador, profesor universitario, @inefable1

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