Una alianza de El Espectador y Mutante.org

hace 3 horas
Por: Columnista invitado

La Corte Constitucional tiene en sus manos la suerte de las víctimas de trata

En Colombia, las víctimas de trata de personas que no denuncian penalmente a sus tratantes -es decir a quienes las engañaron, las explotaron y que muchas veces siguen controlando sus vidas o la de sus familias- no tienen oportunidad de recibir asistencia de mediano y largo plazo por parte del Estado. Es un problema del que poco o nada se habla (ni siquiera se mencionó cuando durante la conmemoración del día de lucha contra la trata de personas, hace apenas una semana) pero tiene sus raíces en la Ley 985 de 2005 y su Decreto Reglamentario 1069 de 2014 que supedita la asistencia a la denuncia.

Por: Carmen Martínez López*, Women’s Link Worldwide, miembro de la Alianza Colombiana de Organizaciones de la Sociedad Civil Contra la Trata de Personas

En la práctica esto significa que quienes no denuncian sólo tienen acceso a una asistencia inmediata, que tan sólo por cinco días incluye servicios de salud y alojamiento. A partir del día seis, ¡qué sobrevivan como puedan! Ni hablar de oportunidades de educación, empleo, apoyo material, o asistencia psicosocial de largo plazo para reconstruir sus proyectos de vida.

Por los testimonios de las víctimas y por la experiencia de trabajo de las organizaciones que les ofrecen atención directa, se sabe que después de vivir una experiencia como la trata, donde las víctimas son despojadas por completo de su dignidad e integridad, se necesita tiempo, apoyo y sobre todo asistencia integral para superar las situaciones traumáticas y de vulnerabilidad que ocasionaron su explotación. Hay testimonios que dan cuenta de cómo las víctimas que no cuentan con apoyo integral (físico, psicosocial y material), y que tampoco encuentran oportunidades de empleo y educación, pueden caer nuevamente en la trata de personas.

Supeditar la prestación de asistencia de mediano y largo plazo para las víctimas de trata a la presentación de una denuncia va en contravía de los estándares de derechos humanos. La Relatora de las Naciones Unidas sobre Trata de Personas, María Grazia Giammarinaro, ha dicho que la protección y la asistencia a las víctimas de trata no deben condicionarse a la capacidad o la voluntad de las víctimas de cooperar con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, con independencia de que se inicien acciones judiciales o se presenten cargos contra los traficantes y explotadores, o de que el delito esté tipificado como trata o como otro delito distinto o menos grave.

Del mismo modo, en el informe sobre la situación de la trata de personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos (TIP Report) se exhortó una vez más al Estado colombiano a reformar la legislación para que diga expresamente que las víctimas de trata no necesitan presentar una denuncia contra los tratantes para poder recibir asistencia.

Además de ir en contra de los estándares de derechos humanos, condicionar la atención integral de la víctima a la interposición de una denuncia la instrumentaliza como herramienta para combatir el crimen. Las víctimas de trata no deben estar obligadas ni a demandar ni a colaborar con las autoridades judiciales, a menos que así lo deseen y siempre y cuando se les proporcionen condiciones de seguridad para ello. El Estado no puede exigirles que asuman más riesgos.

Las organizaciones que conformamos la Alianza Colombiana de Organizaciones de la Sociedad Civil en contra de la Trata de Personas, confiamos en que la Corte Constitucional, que en la actualidad estudia la validez de ese requisito a la luz de los de derechos humanos, se la juegue a favor de las víctimas, las ubique como el pilar central de la lucha contra la trata y obligue al Estado a brindarles el apoyo que requieren para rehacer sus proyectos de vida.

*La Alianza Colombiana de Organizaciones de la Sociedad Civil Contra la Trata de Personas está conformada por: Formar País, Corporación Espacios de Mujer, Fundación Esperanza, Corporación Carabantú, CODEHUC, Red Tamar, FUNDEPAZ, Red Kawsay (Defensores de Vida), Fundación Jhonatan, Fundación Dignitas, Centro de Pensamiento sobre la Trata de Personas, SINTRASEDOM, Fundación Mujer Sola, Corporación Hypatía, Corporación Tamar, Fundación Teknos, Fundación Renacer, Corporación Amiga Joven, Asociación Mundos Hermanos, Tierra de Hombres Lausanne, Women’s Link Worldwide, Corporación Anne Frank, Corporación Creser, Fundación Marcela Loaiza. Aliado Externo: CESCAMIG.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Columnista invitado

El antropoceno en Colombia

El poder de la mujer rural

Hit: fruta de mentira

Colombia en la Ocde: ¿hacia buenas prácticas?