Por: Ernesto Guhl Nannetti *

La Gorgona y el narcotráfico

No ha sido posible conocer ni mucho menos analizar, ningún estudio concreto sobre los efectos socioambientales de la construcción de una estación de la Armada Nacional en la isla.

La intención de la Armada Nacional de construir una estación para guardacostas en la isla de Gorgona incluyendo un muelle y una torre de radar en su punto más elevado, ha despertado gran preocupación sobre el futuro de uno de los parques nacionales más emblemáticos del país; el PNN Gorgona creado el 1983, cuando el presidente Betancur decidió trasformar la isla prisión en isla ciencia, con el fin recuperar, preservar e investigar los muy especiales y frágiles ecosistemas terrestres y marinos que caracterizan este parque como uno de los más valiosos del país.

La licencia ambiental fue expedida, con el visto bueno de la Unidad de Parques Nacionales, por la ANLA de manera sigilosa el 31 de diciembre de 2015, pero las obras no se han podido iniciar pues, según se ha dicho, están condicionadas a la entrega y análisis de los estudios de impacto ambiental que debieron ser el sustento justificativo de su otorgamiento.

Ante ésta situación de la cual se enteró por azar, el Comité de Áreas Protegidas de la Academia Colombiana de Ciencias dirigió una carta al Presidente de la República con copia al MADS, solicitando respetuosamente la información pertinente y la suspensión indefinida de las obras con base en el principio de precaución. Como respuesta se ha recibido tan solo un oficio dando traslado de la carta a las entidades involucradas. Igualmente columnistas de diversos medios han manifestado su inquietud sobre los riesgos de esta iniciativa.

En reuniones convocadas por el MADS y la Unidad de Parques para tratar el asunto, la Armada ha ofrecido el envío de la información solicitada, lo cual es en realidad una obligación de la ANLA y ha argumentado sin otra explicación, que el proyecto se justifica por ser de interés nacional al constituirse como un punto de control del orden público y del narcotráfico. Por tanto no ha sido posible conocer ni mucho menos analizar, ningún estudio concreto sobre los efectos socioambientales del proyecto.

No sobra recordar que la Armada cuenta con las bases navales de Tumaco y Málaga y el apostadero de Guapi en la zona y que la costa pacífica con su extensión de 1300 km, hace posible realizar embarques de droga desde muchos puntos.

Adicionalmente la Armada cuenta y opera equipos con tecnologías mucho más flexibles y efectivas para ejercer el control y vigilancia del tráfico marítimo, como sus buques equipados con radares de gran alcance y dotados de helicópteros y lanchas rápidas, que podrían utilizarse para el control de éste grave flagelo, preservando a la vez la riqueza natural de la isla.

Considero indispensable poner en práctica el muy válido planteamiento hecho por el Presidente Santos en importantes foros tanto nacionales como internacionales con respecto a la imperiosa necesidad de hacer un cambio de fondo a las políticas de lucha antidrogas a nivel global, ante el evidente fracaso de las que se han venido desarrollando. La coherencia del proyecto propuesto con la posición presidencial es por lo menos dudosa.

Por último debe agregarse que todos esperamos que uno de los principales resultados de los acuerdos de La Habana, sea la significativa disminución de la producción y el tráfico de narcóticos, ante una exitosa política de sustitución de cultivos para uso ilícito, que ya se ha anunciado.

 

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