Por: Daniel García-Peña

La Guajira tiene sed

El número alarmante de niños wayuu que mueren de hambre captó la atención de los titulares de los medios de comunicación durante unos días, pero hace parte de una situación que lleva tiempo encubándose.

Ya desde 2014, la Defensoría del Pueblo había advertido acerca de la crisis humanitaria y en 2015, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad y la ACNUR, se sumaron al llamado de urgencia. Por su parte, la UNICEF habla de 5 mil niños muertos en los últimos 6 años por desnutrición, aunque según las autoridades tradicionales, los niveles de subregistro son tales que la cifra podría acercarse a los 14 mil. Ante esta situación tan dramática, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares al Estado colombiano para que garantice el agua y el alimento a la población.

Buena parte de la culpa se la echan, con razón, a la corrupción. Los casos de Oneida Pinto, y antes, Kiko Gómez, tienen dimensiones mayores y son sólo el punto del iceberg de un entronque peligroso entre clientelismo y paramilitarismo, que ha penetrado los niveles tanto departamental como municipal.

Las dificultades en Venezuela también empeoraron las cosas. Durante años, los wayuu, quienes gozan de doble nacionalidad, se beneficiaron de los subsidios que brindaba el gobierno bolivariano. Pero la crisis en el vecino país, y en especial el cierre de la frontera, ha golpeado de manera especial a los wayuu.

Si bien estos han sido factores agravantes, la crisis humanitaria está paradójica y principalmente ligada a la riqueza. Pocos lugares de Colombia -por no decir del mundo- son tan ricos en recursos naturales como La Guajira, particularmente en términos energéticos. La explotación del carbón, que lleva décadas, constituye uno de los rubros más significativos de la economía nacional. El gas natural, con inmensas reservas, cuenta ya con una significativa explotación, mientras las reservas conocidas de petróleo son de un inmenso valor. Tiene también una gran potencial aun no explorado de energías limpias como la eólica y la solar.

Sin embargo, la explotación minero energética se han implementado atropellando a la población y destruyendo la agricultura, que antes de la bonanza minera, representaba el 80% de la economía departamental.

Los niños se mueren de hambre pero también de sed. La gente debe vivir con menos de un litro de agua diaria mientras El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, usa 17 millones de litros diarios, según las denuncias locales. Ahora, por solicitud de El Cerrejón, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y Corpoguajira autorizaron el desvío del Arroyo Bruno, que tendrá un efecto nefasto para las poblaciones wayuu. El Arroyo Bruno es afluente del Río Ranchería, que ya fue desviado y que de acuerdo a los lideres ha secado 26 fuentes de agua, mortal para las comunidades.

Se ha convocado un paro cívico el jueves próximo por la dignidad de La Guajira rechazando esta decisión y exigiendo la declaratoria de zona de protección especial de toda la cuenca del Río Ranchería, el respeto al pueblo wayuu y el cumplimiento de las medidas cautelares, entre otras. Desde Bogotá, y toda Colombia, los acompañamos.


danielgarciapena@hotmail.com
 

 

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