Por: Juan Manuel Ospina

La paz: buen viento y buena mar

Aprobado el “fast track” o vía rápida, atajo dirán algunos, empieza la travesía azarosa pero fundamental, hacia un país que sea por lo menos más digno y promisorio que el actual, que ha terminado en un terrible enredo de injusticia, pequeñez humana, mediocridad política e irracionalidad económica y ambiental, pero pleno de energía y que aun en medio de tanta violencia y muerte, conserva una fuerza vital increíble; la colombiana puede ser una sociedad caotizada, desordenada, desorientada, pero no vencida.

Siempre me ha preocupado “el día después” de las firmas; el empate en el plebiscito fue positivo para las posibilidades de avanzar hacia  una transformación nacional. El uribismo  quedó  reducido a apostar al fracaso de Colombia, con la esperanza de regresar  como  salvadores. Aspiran a  mantener vivo en los colombianos el fantasma de las FARC con el cual hace ya más de diez años lograron un gran apoyo ciudadano, al darle expresión política al rechazo de la mayoría de los colombianos a la lucha armada y a la guerrilla.

El resultado de su acción, que ya se empieza a configurar en el escenario electoral del 2017, será  un intento por  reeditar el montaje de  la reelección de Juan Manuel Santos, el de una polarización emocional entre amigos y enemigos, ya no de la paz en abstracto sino de los acuerdos en concreto; una polarización que es altamente rentable en términos electorales, pero estéril para efectos de la inaplazable tarea de transformación nacional. La oposición  responsable y patriótica, para emplear una expresión cara al uribismo,  es consustancial con la democracia y condición necesaria para el buen gobierno,  que por consiguiente  no puede limitarse en este caso  a discursos manidos como el de la entrega de Colombia a los bandidos… sino centrarse en  propuestas y contrapropuestas que permitan  adelantar la tarea y aprovechar la actual coyuntura nacional e internacional, propicia como pocas para el efecto; sería una irresponsabilidad mayor, dilapidarla  en pequeñas escaramuzas electorales.

Preocupa que en el espíritu de los Acuerdos, refrendados por el fallo de la Corte, sus contenidos son todos absolutamente inamovibles, como esculpidos en mármol para la eternidad. Quien se atreva siquiera a dudar de ello, inmediatamente es satanizado como enemigo encubierto de la paz. Acuerdos presentados en el acto protocolario y ultrapomposo de Cartagena, como inmejorables “dentro de lo posible”. Pero luego del plebiscito, resultó que si eran mejorables, como en efecto sucedió.

Recuerdo lo anterior simplemente para subrayar que en la medida en que se avance en su implantación o materialización, la realidad con toda su complejidad, será más creativa que la más docta de las comisiones redactoras de acuerdos.

En esas condiciones, arriesgan convertirse en una verdadera camisa de fuerza que constriña  la dinámica de la transformación ciudadana y territorial, impulsada por ciudadanos que le meten el hombro a los cambios, que es de lo que finalmente se trata, o debería tratarse. Iniciativas ciudadanas y  territoriales que en muchos aspectos, lo podemos reiterar sin temor a equivocarnos, serán más ricas, creativas y cercanas a las realidades concretas (“realistas”), que los dictados desde la isla caribeña.

Una posición aterrizada debería permitir diferenciar entre los temas absolutamente fundamentales de la negociación – ley de amnistía, sistema alterno y temporal de justicia transicional, derechos políticos y participación, narcotráfico y reparación de las víctimas -, de los demás, igualmente importantes pero no tan estratégicos. Los estratégicos fueron ampliamente discutidos y analizados en los dos períodos de la negociación; sin ellos el proceso de paz es una burla y la necesidad de definirlos amerita su tratamiento prioritario y excepcional. Los demás definitivamente no.

Hay otros temas urgentes y cruciales para que la transformación avance, pero que no hacen parte de los Acuerdos; sin ellos, estos corren el riesgo de volverse letra muerta: La financiación de la gigantesca tarea que el gobierno hasta ahora no ha reconocido, como se notó con la reforma tributaria donde  la preocupación eran las calificadoras de riesgo y no la financiación de la paz. Quien lea el plan desarrollo y los presupuestos, no puede ni imaginarse que sean para un país ad portas de semejante compromiso. Finalmente, existe el más absoluto silencio sobre el fortalecimiento de los gobiernos territoriales, cuando el mantra de los acuerdos es el enfoque territorial y diferencial. Queda aún sin respuesta el gran y preocupante interrogante  sobre los  recursos y los presupuesto, los planes y las entidades para cumplirle  a Colombia.

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