Por: Santiago Villa

La paz en tiempos violentos

Los próximos candidatos presidenciales querrán capitalizar políticamente el origen de las nuevas violencias.

Asesinatos a cuentagotas de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos prefiguran lo que será la implementación de los acuerdos en las zonas rurales, y quizás también las urbanas. El infanticidio y la violación de Yuliana Samboní, crimen que a los pocos días es seguido por el abuso sexual y la golpiza a una niña de 13, se suman a, en promedio, 15.000 casos de violencia sexual en el 2016, que es un aumento progresivo con respecto a los 14.000 de 2015 y los 12.500 de 2014.

El presidente de Colombia recibió un Premio Nobel de Paz por su titánica labor por reducir los índices de violencia, al sacar de la guerra a su principal actor armado; pero el país todavía tiene mucho camino por recorrer para vivir en paz. El 2016 termina en una nota contradictoria: se ha reducido como nunca antes la violencia de los grupos armados revolucionarios, pero toma impulso la guerra sucia, la agresión sexual y la violencia contra las mujeres.

Muchos de quienes votarán en el 2018, ya distantes de la guerra, no se sienten más seguros con el fin de las Farc. Por eso, en la antesala de las elecciones presidenciales, es importante tener clara la naturaleza de las violencias, pues los candidatos querrán capitalizar el nuevo origen del miedo para sus campañas políticas.

La violencia contra la mujer y las agresiones sexuales no provienen de la desintegración del núcleo familiar o del menosprecio por el concepto católico o cristiano de lo que dicho núcleo constituye. Tampoco, dicho sea de paso, por el consumo de drogas.

De hecho, en el caso de Rafael Uribe, parece ser que el núcleo familiar, en lugar de proteger el proceder de la justicia y esclarecer el delito, se esforzó por encubrir su crimen, en detrimento del accionar de la justicia. El consumo de droga se habría usado como excusa jurídica para hacer inimputable a Rafael Uribe.

Las familias a menudo son el contexto donde se produce y se protege la violencia sexual. Entre miembros de las familias el abuso sexual con frecuencia se asume como un tema privado, que se debe quedar allí, en familia. Se quiere acallar por cobardía, porque las consecuencias de hacer justicia son más atemorizantes que la permisividad hacia la agresión.

La familia cristiana no es la piedra angular de la sociedad. El valor que fundamenta la paz y la vida en común es el respeto a los contratos colectivos implícitos en una nación. Es hacer de las leyes y lo público valores que priman sobre los feudos privados, las propiedades familiares o los intereses particulares.

Esto nos lleva al otro tipo de violencia: la masacre en cámara lenta de líderes sociales que se oponen a los intereses particulares de empresarios, terratenientes y narcotraficantes. La minería, l mafia y el latifundio alimentan las redes de sicarios que constituyen el peligro más apremiante de la paz política.

El narcotráfico no se acabará mientras no se legalicen las drogas, y las drogas no se legalizarán mientras se sigan satanizando, pero no es un tema que trataré en esta columna sino como un breve paréntesis; pues así fuera legal el narcotráfico, a los líderes sociales que se oponen a la minería y a la restitución de tierras los seguirían asesinando.

El problema de la violencia rural no es (sólo) de narcotráfico: es un problema de la oposición de poderosos e influyentes terratenientes e inversionistas mineros a los líderes que defienden la aplicación de la ley. 

Habrá culebreros que querrán confundir a los votantes. Que pretenderán disfrazar la oleada de matanzas con un aumento del narcotráfico, producto de una política de seguridad debilitada. Pretenderán explicar la violencia sexual y contra la mujer como el resultado de la erosión de la familia católica o cristiana.

Querrán engañar. Estén atentos.


Twitter: @santiagovillach

 

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