Por: Augusto Trujillo Muñoz

La política, al Congreso

El ejercicio de la política descansa fundamentalmente en los ciudadanos o en sus representantes legítimos. Su voluntad condiciona al resto del Estado.

Desde hace tiempo los colombianos se vienen quejando de un presidencialismo excesivo que –al menos en ocasiones- desborda límites y controles propios del Estado de Derecho. Hace menos tiempo –pero con mayor intensidad- se quejan de un activismo judicial excesivo que desborda los límites del equilibrio de poderes y que tiene efectos perversos sobre el Estado de Derecho. Frente a tales excesos el Congreso suele guardar silencio.

Eso ocurre porque los gobiernos secuestraron la política y los jueces secuestraron el derecho. Ambas cosas son del resorte ciudadano, pertenecen a la sociedad y, por extensión, a sus representantes. Pero se las sustrajeron con el argumento de la anti-política: “La política no sirve para nada útil”, “los congresistas son irresponsables”, “en los congresos abunda la corrupción”…y con razones anti-políticas ejercen una política que está resultando peligrosa para la democracia. No pocos ciudadanos verían con complacencia el cierre del Congreso. Olvidan que a ello le sigue el cierre de los medios de comunicación y, a éste, la clausura de las libertades.

Como si lo anterior fuera poco, decidieron desplazar hacia las altas cortes decisiones políticas, que no mejoraron la política pero sí contaminaron la justicia. Como dirían los juristas más críticos, hubo unas decisiones jurisprudenciales en que se cometieron “ilícitos atípicos”, pero hubo otras en que se cometieron “ilícitos típicos”. El reciente caso de un conocido magistrado de la Corte Constitucional, ejemplifica bien la simbiosis entre la pérdida de legitimidad institucional y la pérdida del decoro personal.

El excesivo presidencialismo nos llevó al plebiscito del 2 de octubre. Y la casi nula capacidad de comunicación –y de persuasión- del gobierno con la opinión pública nos llevó al triunfo del No. El plebiscito era innecesario, pero no recurrir al mismo expediente para refrendar el nuevo acuerdo deja un sabor agridulce. Para unos es una artimaña. Otros privilegian el buen resultado de una negociación que pudo colapsar en cualquier momento. Volvió a fallar la capacidad de comunicación del gobierno con la gente. Por eso el escenario político sigue siendo, más o menos, el mismo. Unos satisfechos porque consideran que el nuevo acuerdo sella por fin la paz. Otros, fastidiados y molestos, señalan falta de transparencia política en el proceso.

El plebiscito terminó aplazándose hasta las próximas elecciones presidenciales. Ojalá aprendamos algo de cultura republicana. El país necesita avanzar hacia una democracia de consenso. Mientras tanto la política regresó a su sede natural: el Congreso de la República. De allí nunca debió salir. La sustrajeron los gobiernos, los jueces, los procuradores. Los congresistas permitieron ese hurto y le dieron la espalda a la política para dedicarse únicamente a hacer elecciones. Es absurdo que aparezcan ahora parlamentarios pidiendo la revocatoria del Congreso. Lo que deben hacer es asumir la responsabilidad de su oficio. La Política –con mayúscula-, más que confrontación, es ejercicio de la inteligencia a favor del progreso de la sociedad, del desarrollo espiritual de los ciudadanos, de la consolidación de una cultura democrática.

Con motivo de la ratificación y la implementación de los acuerdos en su seno, Santos le devolvió la política al Congreso. Ojalá sus miembros no permitan que se les arrebate de nuevo. Para eso el Congreso debe volver por sus fueros. Ojalá sepan ejercerlos con la grandeza de otras épocas. No estamos en tiempos de los Lleras, de Echandía, de Gaitán. Ni en los más recientes de Álvaro Gómez Hurtado o Alfonso Palacio Rudas. Pero en el Congreso hay personas capaces de tomar decisiones que rescaten el proceso de implementación de los acuerdos para bien del país –de todo el país- y de paso recuperen el prestigio de su Institución.

Nadie niega que en el Congreso hay carencias y que entre sus miembros hay quienes cometen extravíos y pecados. Pero entresacando nombres de distintas generaciones aparece un listado diverso de dirigentes responsables. Puedo mencionar a Horacio Serpa, Antonio Navarro, Luis Fernando Velasco, Iván Duque, Claudia López, Viviane Morales, Jorge Robledo. Hay otros que han dado muestra de su seriedad dirigente en sus respectivos ámbitos regionales, y otros más que forman parte de una juventud menos conocida, pero llena de aspiraciones y de voluntad de servicio. Este es momento propicio para el surgimiento de liderazgos responsables.

El Congreso tiene con el país que representa –y consigo mismo- un inmenso compromiso. No dudo en decir que el agua sucia que le arrojan sus críticos lleva consigo una dosis de injusticia. Ciertamente, sus defectos son los mismos que aquejan a los demás organismos del poder público. Yo le oí decir a Luis Carlos Galán en varias ocasiones –y tenía razón- que nada, ni nadie, se parece tanto a un país cualquiera como su respectivo Congreso. Cada país tiene el Congreso que quiere, que elige, que merece. Y su buena o mala gestión depende, en gran medida, de la buena o mala actitud política de cada ciudadano.

*Ex senador, profesor universitario. @inefable

 

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