Por: Saúl Franco

La salud en los acuerdos de paz

Hay que reconocerlo: la salud no fue uno de los temas centrales de las negociaciones de La Habana. Pero dada su importancia en cualquier sociedad, el tema apareció en varios momentos de las negociaciones y, en consecuencia, del Acuerdo Final -AF-.

A más de cumplir el deber ciudadano del momento (leer las 297 páginas del AF), me puse en la tarea de buscar en él todo lo que tuviera que ver con salud. Trato a continuación de resumir lo fundamental de lo encontrado y de esbozar algo de lo mucho que tendremos que hacer para que la salud contribuya a la paz, y la paz haga posible la salud.

Concebidos todos en una perspectiva de derechos, cinco de los seis acuerdos enuncian diferentes dimensiones del derecho y de los servicios de salud. Es en el tema de la Reforma Rural Integral -RRI- en el que más se alude a la salud. Desde la introducción se señala como meta de la RRI la creación de condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Esta categoría del buen vivir, como lo traté en otra columna, coloca en el centro del debate la prioridad de la vida de las distintas especies y la necesidad de relaciones respetuosas y armoniosas de convivencia entre todas. El buen vivir requiere, y el AF lo expresa, de sostenibilidad socio-ambiental y adecuada respuesta en bienes y servicios públicos, como salud y nutrición.

En el mismo acuerdo de RRI, numeral 1.3.2.1, se plantea la necesidad de un plan nacional de salud rural, con el consiguiente fortalecimiento de la red pública de salud en zonas rurales. Y en el numeral 1.3.2.3 se destaca la importancia de la vivienda y del agua potable, dos de los elementos fundamentales del derecho a la salud.

En el acuerdo sobre el fin del conflicto se plantea la necesidad de garantizar el acceso a salud y educación para los excombatientes, en especial los niños, y el compromiso del gobierno de pagar durante dos años la seguridad social en salud y pensiones a los excombatientes que aún no hayan logrado vinculación laboral. En el acuerdo sobre víctimas se enfatiza la importancia de la atención y rehabilitación sico-social de las víctimas (numeral 5.1.3.4).

El acuerdo sobre la solución del problema de las drogas ilícitas retoma la idea de asumir su consumo como un problema de salud pública y, por tanto, abordarlo no sólo punitivamente sino con planes y programas de prevención, promoción de salud, reducción de los daños psico-emocionales y atención integral. Y finalmente, en el acuerdo de implementación y verificación, se advierte sobre el deber del Estado de no obstaculizar la atención médica de los combatientes en proceso de reinserción y de garantizar la atención médica en las 23 zonas donde se concentrarán durante la transición a la vida civil.

Como puede verse, los acuerdos no contienen una propuesta de conjunto y coherente en salud. Aportan algunos elementos, pero se centran en un listado de necesidades, demandas y deseos de corte predominantemente asistencial para los combatientes y algunos sectores específicos. La concepción y el modelo actual de salud son insuficientes aun para satisfacer tales demandas de salud rural, fortalecimiento de la red pública, agua potable, atención sico-social, nutrición, drogadicción.

Mucho más para ofrecer una alternativa completa que garantice definitivamente el buen vivir, el derecho a la salud y la paz a toda la población colombiana, y no sólo y de manera transitoria al sector rural o a las víctimas de la guerra. 

Las guerras las terminan los guerreros. La paz la construimos los ciudadanos. Estos acuerdos contienen lo que se proponían: las condiciones y concesiones de los bandos enfrentados para terminar esta guerra. Nos toca ahora a todos los ciudadanos/as, incluidos los excombatientes, negociar y desarrollar un proyecto conjunto y viable de sociedad democrática, incluyente y equitativa. El paso inmediato es un sí rotundo en el plebiscito. Y llegó la hora de concretar y presentar las propuestas. En salud, por suerte, ya venimos trabajando hace rato.

 

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