Por: Hugo Sabogal

¿La última estocada?

Desde el anuncio oficial de crear nuevos impuestos al vino, se ha desatado una verdadera batalla de argumentaciones.

Entre Gobierno y empresarios del sector para influir en las decisiones del Congreso a la hora de estudiar los proyectos legislativos que impondrían, a partir de enero de 2017, una serie de nuevas cargas tributarias a un producto cuya acogida ha quedado claramente demostrada con un crecimiento del consumo del 189 % entre 2000 y 2013, según análisis del ICEX España Exportación e Inversiones. Además, de acuerdo con el Grupo Éxito, la tendencia se ha mantenido en el último lustro, con una tasa de aumento anual del siete por ciento. Esa evolución no se ha dado por decreto ni por ninguna ley de la República, sino por el natural avance de la sociedad colombiana, que busca hábitos más sanos de alimentación y esparcimiento.

Si bien es cierto que empresarios y Hobierno –en su derecho– lanzaron campañas de concientización para hacerle ver al Congreso las posibles consecuencias de los nuevos tributos, ninguno de los protagonistas había lanzado un ataque frontal contra el otro. Pero el jueves de esta semana, un artículo publicado por el diario Portafolio –y que refleja solamente la versión oficial– insinúa que los importadores de vino son unos avaros comerciantes que se han enriquecido a costa del fisco, en detrimento de los productores nacionales y de los consumidores menos favorecidos. Lo que el artículo no menciona es que los aportes del Impuesto al Consumo por parte de estos importadores sumaron $277.000 millones en 2015, destinados –roguemos al cielo– para apoyar exclusivamente programas de educación y salud.

Si bien el escrito trata de argumentar con cifras cómo los colombianos pagan más por el mismo producto que un consumidor de Estados Unidos o Gran Bretaña, nunca hace referencia a varios factores afrontados por los emprendedores nacionales, que no afectan a sus contrapartes británicos ni norteamericanos.

Por ejemplo, los vinos importados llegan a puertos colombianos donde las condiciones de recepción y mantenimiento no son aptas para este tipo de producto, por lo que se deben contratar, adicionalmente, bodegas o contenedores refrigerados para evitar deterioros. Todo esto sin incluir los saqueos por los que nadie responde.

Luego deben recorrer largas distancias a un precio por kilómetro que resulta horrorosamente más alto si se compara con los fletes marítimos desde los países de origen. Como es obvio, todos estos esquemas anticompetitivos no sólo encarecen los precios de los vinos, sino los de todas las mercancías e insumos importados.

Y qué decir del estado de las vías nacionales, que alargan los tiempos de recorrido e incrementan aún más los valores de la operación. Y qué tal los montajes de seguridad requeridos para evitar los asaltos en las vías.

Además del pago del producto (con pesos devaluados y dólares encarecidos), los empresarios deben cubrir a la vista los gastos de nacionalización y el prepago del impuesto al consumo.

Luego enfrentan el recorrido por los canales de comercialización, que marginan a su libre albedrío, muchas veces de manera exagerada, sin descontar que haya importadores que obtienen más rentabilidad que otros. Y qué tal el sobreendeudamiento bancario para mantenerse a flote; o el aumento de plazos de pago hasta 120 días; o la creciente lista de clientes morosos.

En vez de sacarle más recursos al sector por la vía impositiva, ¿no sería tiempo de diseñar, de una vez por todas y de manera concertada, una política moderna –apartada de la corrupción y la politiquería– que modernice el actual y arcaico monopolio estatal de las bebidas alcohólicas en Colombia?

 

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