Por: Andrés Hoyos

La universidad pública y el posconflicto

Un país como Colombia necesita invertir mucho más en educación pública superior, ya sea en las instituciones existentes, fundando nuevas u otorgando becas masivas para que estudiantes de bajos recursos asistan a las universidades privadas de mejor calidad. Idealmente se deben hacer las tres cosas al tiempo.

Tampoco sobra implementar una versión actualizada del famoso GI Bill americano que permitió el ingreso a las universidades de los militares desmovilizados una vez terminada la Segunda Guerra Mundial.

Es inevitable aceptar que las universidades públicas son una asignatura pendiente desde hace mucho en Colombia, no solo del Gobierno, sino de la sociedad como un todo. Las pocas que hay están desfinanciadas, no suplen la necesidad de profesionales ni en cantidad ni en variedad, tienen un prestigio mermado, su conexión con las prioridades del país es defectuosa y abunda en ellas la gente sectaria. Como algunos prefieren hablar del vaso medio lleno, digamos que también tienen magníficos profesores, hacen investigaciones importantes y abordan temas que no se abordan en ninguna otra parte. Más que debatir qué tan lleno o vacío está el vaso, lo que se debe destacar es la importancia del tema para el futuro. Sin una educación pública superior dinámica, masiva y de calidad, Colombia nunca podrá hacer verdadera mella en la desigualdad que la lastra ni tener un crecimiento sostenido. Tampoco podrá ser competitiva de cara a los TLC que firmó.

Ahora recurramos al fatalismo hacia el pasado: mientras anduvimos inmersos en el conflicto interno, el problema de la educación pública superior realmente no tenía solución. El centro y la derecha monopolizaban el poder por cuenta del miedo legítimo que la mayoría de los votantes sentía ante la amenaza comunista (para calificarla con un obvio término genérico) y no existía la voluntad política para realizar una inversión masiva en unas universidades donde pululaban los milicianos y de las que salían personas como Alfonso Cano o Camilo Torres.

A diferencia de la educación primaria y secundaria, la universitaria no es ni debe ser un derecho universal. De ser un derecho universal, no se le podría negar a nadie y la Universidad Nacional, por ejemplo, tendría que aceptar todas las aplicaciones que recibe, multiplicando ad infinitum su estudiantado. Algunos usan la frase “derecho condicionado” que tiene un sabor orwelliano e implica una genuflexión a la corrección política. Una educación superior pública dinámica y bien diseñada es otra cosa antes que un derecho universal: es una necesidad colectiva.

Pues bien, viene ahora el posconflicto y por primera vez en décadas el tema se puede abordar con libertad. No se trata —y no creo que nadie sensato proponga algo semejante— de subir simplemente el presupuesto para que las directivas de las universidades y sus estudiantes hagan lo que les venga en gana con él. Eso sería un desatino total. Tiene que venir una negociación que pase por el Congreso, que se enmarque en una ley bien pensada y que, al tiempo que aporta recursos en forma creciente, establezca unas exigencias claras.

Se me ocurren las más básicas: permitiendo la protesta y sin coartar la libertad de cátedra y expresión, debe erradicarse la violencia de los claustros y garantizarse el pluralismo político. Que nadie censure a nadie. Hay otros cambios necesarios, pero sin esos desatar el viejo nudo me parece imposible.

[email protected], @andrewholes

 

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