Por: Arlene B. Tickner

Las instituciones no nos salvarán de Trump

Ahora que ocurrió lo impensable, ha comenzado el debate sobre cómo controlar las inclinaciones fascistas del presidente electo, Donald Trump, y su desconocimiento del Estado de derecho. En teoría, el sistema político estadounidense tiene fuertes pesos y contrapesos constitucionales diseñados para limitar los abusos de cualquier rama del poder público, pero en la práctica, ¿pueden funcionar?

A partir de 2017, los republicanos tendrán mayor dominio que el de cualquier partido desde la Segunda Guerra Mundial. Además de controlar la Casa Blanca, las dos cámaras del Congreso, y la mayoría de las gobernaciones y legislaturas estatales, la vacante dejada en la Corte Suprema por la muerte de Antonin Scalia ya no podrá ser surtida por Barack Obama y se preservará su leve inclinación conservadora. Sin embargo, la avanzada edad de otros tres magistrados plantea la posibilidad de aumentar la influencia republicana, lo cual podría redundar en la reversa de decisiones fundamentales como Roe v. Wade sobre el aborto, así como una mayor deferencia de la Corte ante las posiciones de la derecha religiosa, el derecho de portar armas y los poderes presidenciales.

Si bien el liderazgo republicano ha anticipado que frenará cualquier exceso de Trump en asuntos como la seguridad nacional, la regulación del comercio y el presupuesto, el control constitucional no se ejecuta automáticamente y depende de la voluntad política para ejercerlo. Así, aun si el Congreso llegara a encarar algunos de los proyectos adelantados por el nuevo presidente, si los electores apoyan a éstos, el cálculo político (con miras a las elecciones de 2018) podrá pesar más que la defensa de la democracia. A su vez, la fuerte influencia presidencial sobre el fiscal general, quien encabeza el Departamento de Justicia, puede afectar la aplicación de la ley y la regulación del gobierno, entre otros en relación con las decisiones sobre qué y quién investigar. Obviamente, los conflictos de interés de Trump con diferentes actores mundiales no se investigarán.

Como si esto fuera poco, durante los últimos 15 años el Ejecutivo ha adquirido autoridad casi ilimitada en nombre de la lucha contra el terrorismo. Además de comandar el arsenal nuclear estadounidense y sus fuerzas armadas, la discrecionalidad presidencial en lo concerniente a uso de la fuerza, asesinatos selectivos, ataques con drones y vigilancia interna y externa ha crecido.

La del presidente electo es una personalidad impulsiva, narcisista y con tendencia a agredir a quienes lo critican o no le gustan, todo lo cual plantea un enorme peligro en medio del “imperialismo ejecutivo” reinante. No en vano, el llamado a que la Casa Blanca se pusiera “a prueba de tiranos” se intensificó desde el inicio de este ciclo electoral. Como las instituciones ya no nos salvarán de Trump, y no le debemos a un autócrata racista mente abierta, beneficio de la duda ni oportunidad para gobernar sino acción y ruido, la labor crítica de los medios y la resistencia civil cobran una inusual urgencia.

Profesora U. del Rosario

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