Por: Columnista invitado EE

“Las universidades y el posacuerdo”

El pasado 20 de junio, 161 profesores colombianos y extranjeros vinculados a universidades públicas, especialmente a la Nacional, y a universidades privadas firmamos una carta que quiero presentar a los lectores de El Espectador.

 
Y lo hago en este periódico porque, con su tradicional talante democrático, nos ofrece la oportunidad de dar otra opinión distinta de la que han vertido algunos colegas en pasados comunicados así como en varias columnas de opinión. (Vea la carta)
 
La controversia a la que me refiero tuvo origen en el reconocimiento que en los 50 años de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional se le dio al egresado Miguel Ángel Beltrán en medio de otras menciones a más egresados, a estudiantes, profesores, pensionados y personal administrativo. Ante ese hecho y desconociendo la aclaración de las directivas de la Facultad de que el reconocimiento se le otorgaba como egresado y no como profesor, 32 colegas publicaron una carta de protesta por concederle a una persona acusada de rebelión y destituida por la Procuraduría una condecoración académica.
 
Luego siguieron algunas columnas de opinión en El Espectador y otros periódicos, además de un cubrimiento noticioso por otros medios que no fue siempre imparcial. Por lo común esas opiniones asumen que Miguel Ángel Beltrán es culpable y por lo tanto la Universidad no puede otorgarle ningún reconocimiento por esa condición. Quienes firmamos la nueva carta y gran parte de la comunidad universitaria del país tenemos dudas sobre el proceso judicial y confiamos en que pronto se esclarezca su inocencia. En todo caso, aun si está en prisión, como decimos en la carta, él “no ha perdido sus derechos morales ni ha cesado su producción académica”. Y esta última fue la que se reconoció en los 50 años de la Facultad de Ciencias Humanas.
 
Pero la intención de la nueva carta no era profundizar la polarización de la Facultad, algo que viene de antes y que no necesariamente es un signo negativo, sino tocar los temas de fondo que este debate merece: el papel de las universidades públicas, y especialmente de la Nacional, en el pos-acuerdo. Quienes se han opuesto a cualquier reconocimiento de Miguel Ángel Beltrán, suelen esgrimir dos argumentos que nuestra comunicación busca controvertir.
 
De una parte se dice que con ese acto, la universidad –o al menos la Facultad– ha sido capturada por intereses políticos ajenos a nuestra institución. El trasfondo toca un debate de larga duración y que difícilmente se va a resolver en este momento: la relación entre la academia y la política. Es cierto que son campos de acción humana diferentes, con instituciones, actores y reglas de comportamiento particulares. Pero no son ajenos, máxime en un momento como el que atraviesa hoy el país. En la carta enumeramos muchas de las tareas “políticas” que la academia debe abocar en la actual coyuntura y que de hecho está enfrentando no solo para aclimatar los acuerdos de La Habana, sino en el acompañamiento a las víctimas y a la sociedad en general en labores de memoria, reparación y búsqueda de la verdad, para solo citar algunas. Pero además la crítica a la supuesta captura política de la academia hace eco del viejo positivismo que reclamaba no solo la supuesta neutralidad de la ciencia sino que consideraba como una actividad inferior y casi inmoral a la política.
 
El otro tema con el que polemizamos se refiere al diagnostico que los colegas opositores a cualquier reconocimiento a Miguel Ángel Beltrán hacen de los peligros que corre hoy la universidad pública, y en especial para la Universidad Nacional, tema con el que cierran su carta. A su juicio, la inminente reinserción de grupos insurgentes puede llevar a una infiltración (extremo)izquierdista de las instituciones universitarias que podría transformarlas en “un mero órgano de propaganda y adoctrinamiento cuyo papel ya no sería la institucionalización del estado de derecho, sino el debilitamiento, esta vez directo y proactivo, de los ideales de una sociedad abierta y más democrática”. No solo no dicen nada de las amenazas de los paramilitares a miembros de la comunidad académica –esas sí un verdadero debilitamiento de la academia y de nuestra democracia– sino que evanden discutir los problemas de fondo de nuestras universidades públicas que, a nuestro juicio giran en torno a “la penuria presupuestal, el pasivo pensional, el deterioro de planta física para no hablar de la creciente precariedad de la nómina”, entre los más prominentes.
 
Decimos que en esta coyuntura la universidad debe mostrar hechos de grandeza. Ella no es un corralito intelectual aislado de la sociedad. En esa dirección debe afrontar, como el conjunto de los colombianos, diálogos con quienes se van a desmovilizar, así como con otros “diferentes”. La carta firmada, por ahora, por 161 profesores universitarios llama precisamente a debatir sobre los problemas del país y de la universidad en el escenario del pos acuerdo. Invitamos a su lectura.
 
Han seguido llegando adhesiones en forma tal que hoy en día somos casi 200 los firmantes. Si quiere sumarse entre  a la siguente dirección: 
 

 

Por: Mauricio Archila, Historiador y Profesor Titular de la Universidad Nacional.

 

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2016-06-27T20:11:36-05:00

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